El secretario de gobernación estatal, David Méndez Márquez informó que como parte de las mesas de diálogo con habitantes de la localidad de Santa María Zacatepec —quienes se oponen a la conexión de un de una red de aguas industriales al río Metlapanapa—, el gobierno estatal se comprometió a revisar el proyecto de construcción de colectores pluviales y sanitarios en la zona, a fin de que no haya afectaciones ambientales o de salud pública en la zona.
“Hay una inconformidad respecto a la ejecución de este proyecto de drenaje de Ciudad Textil y nosotros planteamos el compromiso del estado a que este se pueda revisar con base a todos los aspectos técnicos y legales de cumplimiento de la normativa aplicable. No hay en el gobierno ningún interés de respaldar proyectos que no estén totalmente comprobados que cumplen con las normas correspondientes”, explicó.
Lo anterior, luego de que los pobladores de la localidad de Zacatepec perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla mantuvieran bloqueada por más de un día la carretera México-Puebla el pasado fin de semana, ante la defensa del río que atraviesa su comunidad, así como por la exigencia de liberación del activista Miguel N., quien por años ha formado parte de asociaciones protectoras de recursos naturales.
En ese sentido, Méndez Márquez aseguró que bajo la nueva etapa de gobernabilidad que vive Puebla, por parte del Ejecutivo local no hay ni habrá acciones encaminadas a reprimir o coartar derechos de libertad de expresión y manifestación de la ciudadanía, por lo que rechazó que el activista Miguel N. sea un preso político del gobierno estatal.
Además dijo desconocer la presunta órden de aprehensión en contra de Miguel N., que pudo haber existido desde 2018 de acuerdo con un colectivo de protección a activistas. Y manifestó que, al respecto, los habitantes de Juan C. Bonilla mantienen interlocución con la Fiscalía General del Estado, a fin de que su proceso legal se lleve conforme a derecho.
Por último, el titular de la Secretaría de Gobernación estatal (Segob), deslindó al Ejecutivo local y a la Segob de la denuncia en contra del activista, sin embargo, reconoció que el proceso legal que lo mantiene recluido en el penal de San Miguel es derivado de la quema de una unidad de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento.
“Esta semana, ellos (habitantes de Juan C. Bonilla) estarán llevando a cabo un acercamiento con la Fiscalía para conocer cuál es el estatus del detenido y las opciones que la ley establece de acuerdo a sus consideraciones, eso en un ámbito que no es de nuestra competencia, que lo lleva la propia Fiscalía”, concluyó.