Foto: Cortesía Twitter

Daño colateral. Más de 350 estudiantes del plantel de los niveles preescolar, primaria, secundaria y preparatoria están sin clases debido a que desde el domingo por la noche comenzaron a desalojar el inmueble por un supuesto adeudo de 5 mdp. 

Padres de familia, maestros y directivos del Colegio Ypsilanti mantendrán una guardia indefinida en las afueras del plantel, ubicado en el cruce de los bulevares Municipio Libre y Valsequillo, para impedir que continúe el embargo —iniciado el pasado domingo por la noche— por un presunto adeudo de cinco millones de pesos.

Ayer los profesores y padres de familia colocaron en la vía pública una carpa con artículos escolares como bancas, escritorios y equipos electrónicos a fin de obstaculizar la labor de las autoridades judiciales, quienes pretenden embargar el inmueble en favor de los dueños del lugar.

En tanto, las clases fueron suspendidas para los más de 350 alumnos, desde jardín de niños hasta preparatoria, quienes pagan colegiaturas mensuales de alrededor de cuatro mil pesos.

En entrevista con 24 Horas Puebla, el director del Colegio Ypsilanti, cuyo método de enseñanza se basa en el High School, Miguel Bautista Serrano, advirtió que permanecerán en guardia afuera de la institución hasta que se llegue a un acuerdo: “Nos quedamos aquí para resguardar el mobiliario, porque también hay información, hay documentos, hay equipo, tenemos dispositivos electrónicos de los estudiantes que dejan acá, porque tenemos lockers, y no sabemos el estado actual de las cosas”.

Desmintió que exista un adeudo con los dueños, pues desde hace 25 años se paga puntualmente la renta del inmueble, por lo que pidió la intervención de las Secretaría de Educación Pública (SEP) para no afectar la formación de los menores.

“Tenemos todos los pagos realizados (…) De hecho tratamos de ver la compra del inmueble, no es del todo real que tenemos 25 años sin pagar en este inmueble”, refirió a pie de calle, donde una decena de padres de familia preparaba la siguiente guardia.

PROCESO LEGAL

La orden judicial 87/2020-IV-2-D, en poder de 24 Horas Puebla, documenta que Miguel Bautista López tramitó un amparo por derecho propio contra actos del Juez Cuarto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y otras autoridades.

Ante ello, se ordenó rendir el informe dentro del término de 48 horas, contadas a partir de que queden legalmente notificadas todas las partes del presente proveído.

Incluso, el documento del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, determinó que el próximo 24 de enero, a las 9 de la mañana, se celebrará la audiencia incidental para continuar con el caso.

En el documento también se señala que la demanda de cinco millones de pesos, presuntamente por la terminación de contrato de arrendamiento, pago de rentas, daños y perjuicios, fue promovido por María de Lourdes Moreno Andrew, quien se identificó como dueña del inmueble ubicado en el bulevar Municipio Libre número 844 de la colonia Universitaria, en Puebla.

PADRES DE FAMILIA

Por separado, un padre de familia defendió la permanencia de sus hijos en el Colegio Ypsilanti y criticó el embargo, sin previo aviso, lo cual pone en riesgo la integridad de los estudiantes y dificulta la educación de los menores.

“Desde hace 13 años no les pasaba nada a los dueños del inmueble, si se tenía todos los contratos. Aquí lo que ocurre es que él (el director escolar Miguel Bautista) hizo caso omiso a los documentos, por lo que tendrá que dirimir sus asuntos personales fuera del colegio”, afirmó.

Asimismo, comentó que el administrador empezó a interponer amparos para evitar el desalojo del inmueble con el fin de que la escuela pudiera continuar operando. “Desde hace 13 años Miguel Bautista se ha valido de artimañas para evadir las responsabilidades”.

Por otra parte, Jesús Zetina, representante de la Asociación de Padres, sostuvo que los tutores no intervendrán en las cuestiones legales, por lo que sólo estarán pendientes del material que se encuentra al interior del inmueble, pues en algunos casos —como equipos electrónicos y de computación— fueron comprados con sus aportaciones.

“Pedimos permiso para acceder a las instalaciones para recoger las pertenencias de nuestros hijos, pero simplemente nos negaron el acceso, ni siquiera nos dan argumentos y no se vale. Vamos a estar pendientes hasta que esto se resuelva y regresen las clases”, afirmó.


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