Cifras. A nivel nacional se contabilizaron 115 casos sucedidos durante el proceso electoral 2017-2018; la entidad poblana acumuló 15.
Por: Notimex
Foto: Cuartoscuro
Puebla reportó el mayor número de casos de violencia política contra mujeres durante el proceso electoral 2017-2018 con 15. A nivel nacional se contabilizaron 115, según informes de las entidades federativas.
Ante esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su estudio titulado La participación política equilibrada entre mujeres y hombres en México, 2019: Los desafíos de la reforma constitucional en materia de paridad, reconoció que actualmente no se cuenta con un registro público oficial sobre casos de violencia política ejercida en contra de las mujeres.
Por ello, consideró que resulta complicado tener un panorama de los casos que existen, así como de las formas en las que se ha manifestado a lo largo del país.
No obstante recordó la existencia del informe Radiografía de la violencia política por razón de género en los estados. La perspectiva de las candidatas en el proceso electoral 2017-2018, el cual fue un esfuerzo de los institutos electorales de 26 de 30 entidades federativas en las que se realizaron elecciones durante el proceso electoral de 2017-2018.
La gran mayoría de las agresiones registradas contras mujeres en el proceso electoral fueron ofensas, agresión física, amenazas, solicitud de renuncia, que el partido les haya negado el registro y daño al patrimonio.
La CNDH resaltó que el reconocimiento de la violencia política por razones de género en las leyes de acceso a las mujeres una vida libre de violencia en las entidades se incrementó, particularmente en los últimos años pasando de ocho entidades federativas que la regulaban en 2016 a 29 al 18 de septiembre de 2019. Puebla es una de las entidades en las que no se encuentra legislada este tipo de violencia.
Sin embargo señaló que resulta necesario que sea incorporada en la regulación general y en las entidades federativas que aún no la prevén.
Además la inclusión de la violencia política por razones de género en las leyes electorales sustantivas implica un reconocimiento por parte del Estado de la existencia de esas violaciones a los derechos políticos de las mujeres y la necesidad de imponer sanciones que correspondan a los actores políticos que lleguen incurrir en ello.