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En revisión. Las autoridades son señaladas desde conductas indebidas, supuesto desvío de recursos hasta desatención de áreas verdes; sin embargo, algunas causales no son procedentes, por lo que 50% de las peticiones han sido desechadas.
El Congreso de Puebla acumula 30 solicitudes de revocación de mandato en contra de presidentes municipales e incluso regidores por diversas razones, las cuales se analizan para determinar si alguna podría ser procedente.
Desde que inició la actual LX Legislatura ingresaron alrededor de 100 peticiones para que desde este Poder del Estado se removiera de sus cargos por conductas indebidas; no obstante, más del 50% han sido desechadas por carecer de fundamentos.
Algunas se han turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales por los elementos que se presentaron, y otras más a la Comisión Inspectora del Congreso local, pues estaban enfocadas a temas relacionados con supuesto desvío de recursos.
De las primeras en llegar fue la del municipio de Cuyoaco, que se ha solicitado en al menos cuatro ocasiones desde el 10 de octubre de 2018, esto por los conflictos de ingobernabilidad que han derivado en que fuera tomada la Presidencia Municipal e incluso pidieron que se hiciera una auditoría.
El 15 de marzo de 2018 se solicitó la revocación de mandato del edil de Coronango, Antonio Teutli Cuautle por parte de la regidora Catalina López Rodríguez, por no entregar un plan de trabajo y la desatención en temas de rescate de áreas verdes y el descuento de celdas de empoderamiento.
El día 27 de marzo de 2019 llegó el oficio en contra del presidente municipal de Juan N. Méndez por no cumplir con la labor que exige su mandato y no otorgar los servicios públicos básicos.
El mismo caso fue para el municipio de Cuautlancingo, donde ciudadanos solicitaron el cambio el 26 de junio de 2019.
También se presentó una petición para retirar a Ángel Peralta Pérez como regidor de Salud en el Cabildo de Soltepec, al afirmar que constantemente se ausentaba de sus actividades sin justificar los motivos.
El 26 de noviembre de 2019, se pidió la revocación del presidente municipal de Juan C. Bonilla, Joel Lozano Alameda, por expedir permisos para la construcción del proyecto Integral del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la zona industrial de Huejotzingo, lucha social que derivó en la detención del activista Miguel López Vega.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Vianey García Romero, dijo que no todos son causales para revocación de mandato, pues quejas que se consideran menores no puede llevar a la remoción de un presidente municipal o alguna otra autoridad.
Ejemplificó el caso de Tehuacán, donde el procedimiento de revocación se iniciará contra un alcalde que enfrenta un proceso legal por una acusación de desvío de dinero público y ante la indefinición del Cabildo se tendrá que asumir la responsabilidad que les toca.
Por otro lado, en el caso Puebla –donde también se ha presentado una petición por parte del Partido Acción Nacional (PAN) para revocar a la presidenta Claudia Rivera Vivanco–, dijo que no se han formulado las bases para que proceda.
En este último caso el expediente incluye un exhorto a la ciudadanía para que presente las denuncias correspondientes por los temas en los que ha incumplido y así reforzar las razones por las que no ha dado resultados a más de un año de gestión.
Dentro de los trámites también se tienen algunos procesos del municipio de Juan Galindo, Amozoc y San Nicolás de los Ranchos, aunque aún no hay actualización del proceso que seguirán; o bien, si se encuentran en revisión.