En sus primeras declaraciones, luego de un triunfo arrollador en las urnas, el Presidente electo aseguró que respetaría las libertades cambiarias, daría seguridad jurídica a los inversionistas y sería implacable con la corrupción.
Los hombres de negocios dieron la bienvenida a sus palabras. El dirigente de una de las principales agrupaciones empresariales del país afirmó que la iniciativa privada estaba dispuesta a facilitar la labor del nuevo gobierno.
En general, los empresarios celebraron que las elecciones hubiesen sido limpias. Sus declaraciones, recogidas por los principales diarios, mostraban que el clima de enfrentamiento, que se había dado durante la campaña entre el candidato y el sector privado, comenzaba a menguar.
“No parece un gobierno que amenace”, sostuvo un empresario entrevistado. “Por el contrario, las cosas pueden mejorar. Si llega a limpiar las aduanas puede ser bueno para las empresas”. Otro más se dijo esperanzado. A pesar de lo que se ha escuchado del Presidente electo —afirmó—, “él tiene un programa basado en enfrentar la corrupción y reducir los gastos del gobierno”.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las relaciones entre el régimen del presidente Hugo Chávez y los empresarios venezolanos comenzaran a cambiar para mal.
Vicente Brito había conocido a Chávez a principios de los años 90, en el estado Monagas, en el nororiente del país.
El entonces mayor Chávez era el responsable de relaciones públicas del Batallón de Cazadores, a cargo del general Fernando Ochoa Antich. “Consideraba que éramos amigos entonces”, relató Brito, años después, sobre su relación con el dicharachero militar. “Pudimos conversar, asistíamos juntos a eventos de acción social…”.
Durante el primer bienio del gobierno de Chávez, a Brito le tocó dirigir Fedecámaras, la principal organización de gremios empresariales de Venezuela, el equivalente del Consejo Coordinador Empresarial en México. En esa etapa, “me tocó asumir un rol muy fuerte frente al gobierno y explicar por qué no se debían tomar algunas decisiones”.
Poco después comenzaron las confiscaciones y ocupaciones de sus propiedades.
En total, fueron 17 las fincas y empresas que le quitaron, mediante resoluciones del Instituto Nacional de Tierras o, a veces, por la vía de los hechos. “Lo considero un escarmiento por haber sido crítico”, relató en 2018.
En una de las fincas de Brito se producían cuatro mil litros diarios de leche y había un gran rebaño de ganado que surtía de carne a buena parte del oriente de Venezuela. “Ocuparon mis tierras, dañaron significativamente mi patrimonio y todo para nada”, contó en agosto pasado a un medio argentino.
“Tenía a muchos empleados y muy bien pagados. Luego vino una intervención que paralizó el trabajo al alegar que nosotros usábamos agentes contaminantes en el procesamiento de leche y que alimentábamos el ganado con alimentos tóxicos.
“Unos meses después, autoridades del gobierno publicaron en la prensa local unos carteles mediante los cuales informaba que se sembraría soya en el mismo lugar, en una explotación conjunta con unos empresarios brasileños. Hoy, 17 años después, hay desolación y abandono y no he podido recuperar mis tierras”, añadió Vicente Brito. “Nunca recibimos ninguna compensación”.
Un régimen que había prometido que respetaría a la libre empresa acabó expropiando casi mil 200 compañías en una década, de casi todos los sectores, destruyendo otras cuatro mil 200 y arruinando una economía próspera.
¿Y los empresarios? Todos fueron tachados de “oligarcas” y “enemigos de la patria”. Ser rico era “malo”, sermoneaba a menudo el Presidente. Aun así, cuando las lluvias devastaron cuatro estados de Venezuela en diciembre de 2010, Chávez pidió a los hombres de negocios que cooperaran con la reconstrucción. Los más afortunados se exiliaron. Muchos de los que se quedaron cayeron en prisión, como Eligio Cedeño; o fueron secuestrados, como Germán García Velutini; o sufrieron atentados, como Albis Muñoz, o, simplemente, se quedaron casi sin patrimonio, como Brito, quien hoy dice que ya nada tiene que perder.