La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de Puebla aprobó, por mayoría de votos, la reforma al Código Penal que establece penas de hasta 10 años de cárcel en contra de quienes operen unidades de taxi, transporte público y grúas pirata en el territorio poblano.
Esta iniciativa fue enviada por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para modificar el artículo 190 Bis y así sancionar a quienes, a pesar de saber que no cuentan con la concesión o permiso otorgado por la autoridad competente, presten el servicio público.
Además de la pena, se considera una multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir de entre ocho mil 688 pesos hasta 43 mil 440 pesos, sanción que también se impondrá al propietario del medio de transporte que realice, contrate o permita la prestación de estos servicios.
Asimismo, en su caso, se realizará la cancelación de la licencia de manejo hasta por cinco años, y/o la cancelación definitiva del tarjetón de chofer, así como el decomiso del vehículo utilizado.
Esta nueva disposición establece que si el delito es cometido o interviene en él de cualquier forma el representante, socio o líder de una persona jurídica colectiva concesionaria o permisionaria del servicio de transporte público, las penas se aumentarán de una a dos terceras partes de las que le correspondan por el delito de que se trate.
Adicionalmente se impondrá la revocación o cancelación de las concesiones, permisos y autorizaciones que para prestar dicho servicio hayan sido otorgados por la autoridad estatal.
La reforma señala que Puebla, junto con cinco entidades más del país, es una de las que registra el mayor número de casos de robo en transporte y este delito daña a la sociedad, el patrimonio y la dignidad de las personas que diariamente hacen uso del transporte público