Foto: Jafet Moz
Cuenta regresiva. A unos días de que culmine el plazo para que modernicen e implementen medidas de vigilancia en el transporte público, el representante dijo que será “imposible” que lo logren debido a la inversión que deben hacer.
Los transportistas no cumplirán con las mejoras a las unidades, ya que no cuentan con los recursos económicos que se necesitan, advirtió Samuel Méndez Díaz, representante de la Alianza de Transporte de Puebla y de la Unión de Transportistas del Estado de Puebla.
Refirió que a pesar de que se dio un aumento de 2.50 pesos en la tarifa, será difícil mejorar las unidades debido a que existe un descuento a estudiantes, el cual no estaba considerado en el convenio.
En entrevista, el líder transportista calificó como “imposible” la colocación de botones de alerta, videocámaras, así como la remodelación de las unidades; además, juzgó la operación colaborativa con las autoridades del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), pues “no es funcional”, advirtió.
Méndez Díaz añadió que la instalación de cámaras no tiene un fin específico en el combate a la delincuencia, ya que los ladrones abordan las unidades con máscaras o lentes, de tal forma que no se puede identificar a los involucrados.
Explicó que para pagar una cámara de vigilancia se necesitan mil 900 pesos diarios, cantidad que no se puede obtener en un día de trabajo por el descuento que aplican a personas con discapacidad, de la tercera edad y estudiantes.
El 12 de octubre de 2019, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), Guillermo Aréchiga Santamaría, estableció el aumento del pasaje. La tarifa quedó para unidades tipo Urvan en ocho pesos, mientras que los autobuses y minibuses, en 8.50 pesos.
Hace unos días, el gobierno de Puebla advirtió que no dará prórroga a los concesionarios para que cumplan con los acuerdos establecidos tras el incremento a la tarifa, que incluyen la modernización de las unidades e instalación de medidas de seguridad.
En tanto, Aréchiga Santamaría indicó que continuarán los operativos de revisión. Mientras que 23 choferes fueron infraccionados en estos primeros cinco meses de administración por no portar la licencia de conducir vigente, tarjeta de circulación y tarjetón de concesión o permiso.