Foto: Daniel Casas

Procedimiento. Luego de la depuración de los candidatos, será el mandatario estatal quien evalúe los perfiles y de ahí elija una terna de la que saldrá el nombre del nuevo titular.

Por votación unánime, el Congreso del estado aprobó el acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que contiene la lista de los 13 aspirantes a ser titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes serán evaluados por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.


En sesión ordinaria se presentó el documento que fue votado por los 41 diputados locales, el cual se avaló sin ningún sufragio en contra para que se siga el trámite establecido en la convocatoria correspondiente que emitió la LX Legislatura.


De acuerdo con la Constitución Política del Estado, en su fracción 3 del artículo 97, a partir de recibir este acuerdo, el titular del Poder Ejecutivo local tiene un plazo de 10 días para enviar a los integrantes del Poder Legislativo la terna que se pondrá a consideración del Pleno para elegir al próximo fiscal de Puebla.


La lista la integran: José Héctor Carreón Herrera, José Miguel Arriaga Bulloli, Zacarías Francisco Cabrera Oliver, Gabriel Hernández Campos, Luis Cuauhtémoc Hidalgo Martínez, José Othón Bailleres Carriles.


Además, Guadalupe González Vargas, Maricela Pinchón Acevedo, José Martín Ramírez Carranza, Gilberto Higuera Bernal, José Carlos Andrés Lerín Díaz, Abdiel Lozano Chantes y Rosa Celia Pérez González.


Actualmente, Gilberto Higuera Bernal funge como encargado de despacho de la FGE y asumió el cargo en lugar de Víctor Carrancá Bourget, quien solicitó licencia al cargo en 2018 y se ausentó de manera definitiva a finales de 2019, por lo que se inició este procedimiento.


Aunque no se ha definido una fecha para designar a quien encabezará la FGE, Gabriel Biestro Medinilla, presidente del Congreso local, declaró que a más tardar el próximo 14 de febrero tendrá que rendir protesta quien sea electo.


Precisó que el próximo fiscal estará en el cargo por un periodo de siete años y no sólo por el tiempo con el que concluía la gestión de Víctor Carrancá, de aproximadamente dos años, además que la impugnación presentada al proceso no impide que siga su curso.

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