Foto: Archivo Agencia Enfoque
Una vez que desde 2014 en Puebla se han abierto 70 expedientes por el delito de tortura, sin que se investiguen adecuadamente, desde el Congreso local se impulsará una nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes del estado.
La propuesta de la diputada local Estefanía Rodríguez Sandoval, expone que hasta el momento no existe han Fiscalía Especializada en la materia como lo establece la Ley General y al menos 9 quejas han sido clasificadas como tortura por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Destaca que actualmente los datos existentes hacen visible un problema de certeza jurídica y protección a las garantías fundamentales en estos casos, por lo que se integró este proyecto con 81 artículos en siete títulos y 16 capítulos, a fin de reforzar la participación de los tres órdenes de gobierno en la materia.
Busca que se apliquen acciones para prevenir, investigar, juzgar y sancionar; y las reglas generales para investigar, procesar y sancionar; medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación para garantizar los derechos de las víctimas.
El título primero establece legislar las disposiciones generales que han de fincar su observancia, objeto, fundamentos, leyes supletorias, glosario y principios, de estos últimos destaca la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles e inhumanos.
En su título segundo capítulo I se abarca la materia de los delitos, su investigación y persecución de oficio; la imprescriptibilidad de estos delitos, la no justificación de circunstancias especiales y sanciones a servidores públicos. En su capítulo II se establecen las competencias de las autoridades estatales.
En el título tercero, se buscó el debido proceso conforme al más alto estándar del Protocolo de Estambul, para investigar y procesar los delitos previsto en la ley, así como las reglas para excluir todas las pruebas obtenidas.
En el título cuarto se contempla la creación de la Fiscalía Especializada, así como su integración y facultades. En tanto el quinto tiene la materia de la prevención de estos delitos, las competencias para su realización, la creación de un programa estatal para este fin y un registro estatal, a fin de erradicar esta problemática.