La pugna entre el gobierno del estado y el Ayuntamiento de Puebla por el control de la seguridad municipal llegará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Comuna presentó el viernes de la semana pasada una demanda de controversia constitucional, con base en el artículo 105 de la Constitución mexicana, a fin de que sea el máximo tribunal del país el que determine si mandatario estatal tiene el derecho o no para tomar el control de la seguridad municipal y con ello nombrar a Carla Morales Aguilar como nueva titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
El gobierno municipal pidió a la SCJN que la gestión estatal no tome “por la fuerza” la seguridad municipal, pues de hacerlo violaría la Constitución.
“De acuerdo con ese mismo artículo (105), se solicitó también que este organismo judicial declare inconstitucional el nombramiento de delegados por tratarse de una autoridad intermedia, también prohibida en la Constitución mexicana”, se lee en el comunicado.
Mientras tanto, en grupos de WhatsApp circuló −entre policías del municipio− que el gobierno estatal tomaría el mando de la seguridad, por lo que tendrían que reunirse en las instalaciones de la corporación y en sus bases correspondientes, a fin de ejecutar las órdenes que correspondan.
Elementos consultados por 24 Horas Puebla señalaron que sólo habían tenido conocimiento del mensaje por redes sociales y no por una orden de sus mandos superiores. Hasta el cierre de esta edición no se había registrado la toma del control por parte de la administración estatal.
“De orden superior, vayan previendo que su personal franco, se presente el día domingo 22 de marzo a las 19:00 horas en el CE.CO.RE de acuerdo a su región”, decía uno de los mensajes que circuló.
En gestiones anteriores, el gobierno del estado ha tomado el control de la seguridad de municipios como San Martín Texmelucan, Amozoc y Tehuacán argumentando que delitos vinculados con el crimen organizado, así como homicidios y secuestros, iban al alza; además, algunos policías y mandos fueron investigados por su presunto vínculo con las bandas delictivas.