Por: Aquiles Montaño
La prensa y fuentes muy confiables sostienen que desde el gobierno de Puebla se fabrica una carpeta con delitos graves, con el objetivo de encarcelar a los líderes antorchistas Juan Celis Aguirre, Soraya Córdova y el dirigente de los antorchistas de México, el maestro Aquiles Córdova Morán. La urdimbre delictiva fue autorizada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta y en el cuento terrorífico se deshacen los cerebros y la imaginación de varios funcionarios para maquinar “los delitos que le impondrán a los antorchistas”, y así, con “la ley en las manos”, encarcelarlos. ¡Ya es medianoche en un Puebla totalitario! La iniquidad complace la megalomanía endiosada de Barbosa Huerta, que es el autor intelectual de la negativa del Instituto Electoral del Estado (IEE) para registrarnos como partido político, a pesar de que cumplimos con todos los requisitos legales exigidos. Para esta prohibición se usaron las malas mañas del nuevo presidente del IEE, Miguel García Onofre, que es tan morenista como el gobernador y el secretario de Gobernación poblanos. El IEE se ha convertido en una caja de resonancia del morenismo en el poder estatal y pisotea los intereses de la población.
La ilegalidad de García Onofre fue denunciada en una protesta de 20 mil personas el 6 de febrero. La marcha en Puebla incomodó al gobernador, a sus achichincles morenistas y los jefes de Barbosa Huerta. Y como racionalmente no tienen forma de probar que nuestros argumentos son mentira, para los morenistas el juicio sumario es la mejor solución. Ante la carencia de argumentos legales válidos que resistan nuestro derecho a ser partido político, la vieja escuela del garrote vuelve a la política y amenazan con la cárcel para los antorchistas.
El viernes 7 de febrero, un día después de la marcha, una nota en El Sol de México anunció: “Investigan a Antorcha Campesina por presunto lavado y huachicoleo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga a Antorcha Campesina por los presuntos delitos de lavado de dinero y huachicoleo”. La nota dejó claras dos cosas: 1) La amenaza de cárcel para los líderes antorchistas es un plan que Barbosa y su equipo desean ejecutar, con la ayuda de la fascista Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que preside el verdugo lopezobradorista Santiago Nieto. Barbosa busca encarcelar a quienes considera sus enemigos políticos, porque los antorchistas no solo pediremos obras y servicios para los humildes (que se nos han negado en redondo), sino porque ahora buscamos formar un partido político en Puebla que les puede (¡vean los malos resultados de Barbosa y sus pésimos números de aprobación ciudadana!) quitar el poder en las elecciones de 2021. 2) ¿Nos investigan por lavado de dinero y huachicoleo? ¡Dios santo! Ahora somos los antorchistas los “investigados” por un delito prefabricado por los dueños de la “lucha contra la corrupción” porque hemos argumentado que el gobierno morenista no resolverá los problemas de los mexicanos, sobre todo de los más pobres. Si nadie frena estos abusos, millones de mexicanos serán presas de la misma mano.
No somos los únicos que hemos denunciado a la UIF de ser la mano que ejecuta las sentencias ilegales de Morena. El 23 de febrero, la columnista del Wall Street Journal, Mary O’Grady, afirmó que, con López Obrador, el país avanza “hacia el régimen de un solo hombre” y usa el terror para doblegar a empresas y oponentes, siendo la UIF una pieza clave en esa (criminal) estrategia. O’Grady va más allá: tras bambalinas las cosas son aún peores, a medida que “la ley (en cursivas, remarco yo) es usada para propagar terror entre oponentes”.
No es la primera vez que se nos acusa con delitos inventados y pese a las “pesquisas” nadie ha podido comprobar absolutamente nada. ¡Porque no existen los delitos! Barbosa es parte fundamental de esta agresión contra el Movimiento Antorchista. Algunos ejemplos nos darán un panorama general del terror y los crímenes con que Barbosa se lanza contra nosotros. Veamos:
El 23 de octubre de 2019 el gobierno estatal ordenó desalojar ilegalmente a los pobladores de la colonia antorchista El Capire, en Chiautla de Tapia, y destruyó con retroexcavadoras viviendas de gente pobre. Cuando los colonos demostraron con escrituras que los terrenos eran suyos, el gobierno tuvo que retirarse de la zona.
El 22 de noviembre, un comando de policías y porros llegó a la colonia Manuel Hernández Pasión, al sur de la capital, y con maquinaria destruyó las viviendas humildes y amedrentó a los habitantes. Los colonos antorchistas demostraron con escrituras la legalidad en la compra del terreno y el gobierno morenista debió retirar a sus porros, ¡ahora la autoridad morenista usa malandros también!, y se “zafó” del problema diciendo que el desalojo era para el predio “de al lado” y que se habían equivocado. Qué errores y qué ilegalidades, ¿no?
El 3 de diciembre, varios comandos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional llegaron a Tecomatlán, cuna del Movimiento Antorchista, para reprimir una protesta juvenil que tenía una sola demanda: que la Villa Estudiantil, casa de mil estudiantes, tuviera acceso a la energía eléctrica. La villa es un complejo muy grande y con muchos servicios para que los estudiantes humildes tengan todas las condiciones para desarrollarse académica, deportiva y culturalmente. El consumo de energía es imposible de pagar por los jóvenes. Por eso, al gobierno de Morena le hemos pedido que apoye a esos jóvenes con ese pago. El gobierno no quiso resolver una demanda justa y prefirió militarizar a un pueblo con camiones, autos y armas. Fue una acción ilegal que nos recuerda los tiempos de Díaz Ordaz.
El 5 de noviembre, en una reunión del gobernador con munícipes poblanos que pedían apoyos para solucionar las demandas de sus municipios, la alcaldesa de Tepexi de Rodríguez pidió la palabra para expresar sus ideas ante Miguel Barbosa. De inmediato, este le dijo que estaba prohibido que ella usara el micrófono. Por tres razones: porque era antorchista, porque formaba parte de una organización social y porque con él “todas las organizaciones se iban a ir a chingar a su madre”. ¡Barbosa Huerta es un fascista que viola la Constitución!
Todas estas acciones son los crímenes de un gobierno morenista en pleno paso a la dictadura y los denunciamos para que la opinión pública los conozca, los estudie, observe la ilegalidad que hay en cada uno de ellos y se solidarice con nosotros, porque más temprano que tarde el estado será víctima de estos, o peores, abusos.
“Sólo deseo que la luz se haga”, afirmó el novelista francés Emile Zola el 13 de enero de 1898 en una carta de denuncia pública. Nosotros, los antorchistas, esperamos que la luz se haga, y nuestra denuncia y protesta es el llamado a un pueblo enérgico para impedir que un megalómano morenista haga de Puebla una dictadura.
Hace unos días, en medio de la guerra criminal de Barbosa, una columna en El Sol de Puebla, firmada por un conocido periodista poblano, afirmó que “Antorcha Campesina se enfrenta en Puebla y en otros estados al CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación), lo cual le abre espacios a Los Rojos de Guerrero”. O el famoso periodista está idiota o él forma parte de una nueva campaña gubernamental contra nosotros: como la cárcel no nos sometió, ni nos someterá, ahora se nos amenaza de muerte. Nosotros no enfrentamos a ningún grupo delictivo de ninguna manera y tampoco le abrimos espacios a otros grupos delincuenciales. Sus actividades nada tienen que ver con las nuestras y, por tanto, los objetivos de ambos son completamente diferentes, sin posibilidad de unirse.
Acusamos al columnista de preparar el terreno mediático para un atentado contra los líderes de Antorcha. Y acusamos al gobernador Barbosa de alentar esa posibilidad criminal. Y de una vez le decimos: No se atrevan a contrariar el sentido del pueblo organizado. El ingeniero Juan Celis, la doctora Soraya Córdova y el maestro Aquiles Córdova Morán son Antorcha y, para que lo piensen, Antorcha es el pueblo pobre organizado y consciente de sus derechos: un atentado contra ellos o contra cualquier antorchista desembocará en una lucha nacional para denunciar las ilegalidades de Morena y para hacer que Barbosa renuncie al cargo que hoy ostenta. No lo duden.