Hoy termina el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la 64 Legislatura del Congreso de la Unión.
Quedará marcado, como muchas cosas en el país y el resto del mundo, por la pandemia del COVID-19.
Será la primera vez en más de un siglo que un periodo ordinario no se clausure con una sesión (será por oficio). La última vez que no pudo concluirse normalmente fue en 1913, cuando el dictador Victoriano Huerta disolvió la Cámara de Diputados y el Senado de la República.
Aquella vez, Huerta mandó asesinar al senador Belisario Domínguez y apresar a varios legisladores y ordenó la celebración de nuevas elecciones.
“Se declaran disueltas desde este momento e inhabilitadas para ejercer sus funciones las Cámaras de Diputados y Senadores de la XXVI Legislatura del Congreso de la Unión”, proclamó Huerta, quien acusó a sus integrantes de constituir “un poderoso elemento disolvente de todo orden social”.
Esta vez no fue un militar golpista quien impidió el funcionamiento del Poder Legislativo, sino un coronavirus. La contingencia de salud obligó a la Cámara de Diputados a sesionar en pleno por última vez el 19 de marzo y al Senado de la República a parar actividades el 24 de marzo (aunque luego se reunió el 20 de abril para votar la Ley de Amnistía). En total, la primera sólo pudo realizar 15 de sus 26 plenarias programadas y el segundo, 16. En los hechos, se perdió la mitad del periodo.
Así, quedó trunca una larga lista de asuntos legislativos. Por ejemplo, de los 17 temas prioritarios del Senado, sólo dos salieron: la amnistía y la elevación a rango constitucional del sistema de bienestar social. Quedaron pendientes el fuero, la cannabis, el outsourcing y la reducción del financiamiento de los partidos políticos, entre otros.
En San Lázaro debía elegirse a quienes sustituyan a los consejeros electorales Pamela San Martín, Marco Antonio Baños, Benito Nacif y Enrique Andrade, cuya gestión terminó el 3 de abril. Se trata de un tema urgente, pues en cuatro meses se iniciará el proceso electoral 2020-2021.
Pero el COVID-19 no puso fin a la confrontación política. Hace una semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de ley al Congreso de la Unión para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de que, en caso de que se presenten “emergencias económicas”, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, pueda “reorientar recursos asignados en el Presupuesto de Egresos”.
La iniciativa ha sido calificada por la oposición –e incluso por el diputado federal morenista Porfirio Muñoz Ledo– como un intento de concentrar poder.
El grupo mayoritario en Diputados (cámara de origen) renació como el desierto a la primera lluvia y se puso a trabajar para sacar adelante la encomienda presidencial. Sin demora, nombraron a un presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que llevaba tres meses acéfala, para alistar la dictaminación de la iniciativa.
Mañana viernes, apenas instalada la Comisión Permanente –que funciona entre periodos ordinarios de sesiones–, el grupo parlamentario de Morena buscará convocar a un periodo extraordinario del Congreso de la Unión para votar la iniciativa, que, de acuerdo con sus planes, se realizaría el 5 de mayo.
Es posible que se tope con un obstáculo, pues se requieren dos terceras partes de los integrantes presentes de la Comisión Permanente para convocar a un extraordinario (artículo 78, fracción IV de la Constitución), esto es, 25 votos en caso de asistir los 37 miembros del órgano. Morena y sus aliados reúnen 24 votos. Si los legisladores de oposición votan en bloque por no realizar el periodo, éste no podría convocarse.
Si, por alguna razón, se logra la mayoría calificada, se dará la extraña circunstancia de que el Congreso no haya sesionado desde la segunda quincena de marzo, pese a su abultada agenda, pero ahora pase por alto los actuales riesgos para la salud y se reúna en periodo extraordinario para atender una petición del Ejecutivo.