A un día de aprobarse la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para legalizar las sesiones en línea, la Comisión de Educación dio el albazo para avalar una reforma propuesta por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, que someterá a las instituciones de educación superior a la fiscalización de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

De acuerdo con la nueva Ley de Educación del estado que envió el mandatario estatal, se establecen ciertas disposiciones en las que las universidades tendrán que presentar un programa de la gestión y ejecución de recursos, el cual estará sujeto a cambios de la autoridad educativa en el estado.

En la sesión de esta comisión que inició a las 9 horas se discutió por más de tres horas las implicaciones que tendrían estas reformas a la autonomía de las instituciones, además de que en este supuesto entraría la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la cual ha tenido diferencias políticas con el gobierno estatal.

A dos días de haber ingresado la propuesta que consta de más de 80 páginas, se sometió a votación la iniciativa a la que se le presentaron más de 24 propuestas reformatorias que se desecharon y únicamente se mantuvo la aplicación de sanciones en ciertos casos como actualmente lo marca la ley.

NUEVAS ATRIBUCIONES

El gobierno podrá sancionar hasta con 434 mil pesos a las instituciones educativas privadas que retengan documentos personales y académicos por falta de pago o expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos.

Además, en su artículo 105 también se establece que los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida, tanto pública como privada, tendrán que ser autorizados o contar con reconocimiento de validez oficial.

En el artículo 112 se marca que los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio público educativo serán de color “neutro”, además de que no deberán consignar los nombres de los funcionarios públicos y representantes populares durante el desempeño de su encargo, el de sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado.

La iniciativa presentada en la Comisión de Educación del Legislativo señala que las escuelas privadas deberán contar con el certificado de validez oficial para ostentarse como plantel incorporado a la Secretaría de Educación (SEP) estatal, así como los permisos correspondientes; de lo contrario, se clausurará inmediatamente.

DESAPRUEBAN NUEVA LEY

A través de un comunicado, el Consorcio Universitario, integrado por diversas instituciones privadas, desaprobó esta iniciativa por imponer disposiciones de carácter general que no reconocen a los particulares ningún derecho excepto el de impartir educación en sus diversos tipos y modalidades.

Calificaron como excesivas las obligaciones que se contemplan, como el uso de colores en los planteles educativos, además de incrementar atribuciones de supervisión y vigilancia en los programas que desarrollen e incluso vulnera el derecho de autogestión y decisión sobre el destino de los recursos obtenidos lícitamente.