La granja de los conejos” fue una expresión utilizada esta semana, desde Casa Aguayo, en alusión a la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), asentada en la Hacienda de Santa Catarina Mártir en Cholula, y su rector Luis Ernesto Derbez, por su activismo en defensa de los intereses del denominado Consorcio Universitario ante la aprobación en fast track de la Ley de Educación del Estado de Puebla.
La confrontación entre el gobierno de Puebla y las universidades públicas no es nueva. Por lo menos hay dos momentos claves que ayudarían a clarificar el contexto de los más recientes insultos y calificativos peyorativos.
El primero, de tipo político electoral, se remonta al respaldo que ofrecieron abiertamente los rectores de las instituciones privadas, en pleno ejercicio de sus derechos, hacia una coalición distinta –encabezada por el Partido Acción Nacional– a la que actualmente gobierna en la entidad. Los enconos, en 2018 y posteriormente en 2019, se acrecentaron después de aquel fatídico 24 de diciembre.
Desde entonces, los rectores de las universidades privadas han sido calificados como parte del conservadurismo poblano. Incluso, desde el gobierno se les señaló con el dedo al afirmar que “no volverán a ser como antes, cuando recibían canonjías de los gobiernos”.
El segundo momento, de tipo social, tiene su epicentro en el guerrero pueblo de Huejotzingo, cuando el 24 de febrero se dio a conocer el asesinato de tres estudiantes, de la BUAP y UPAEP. Los homicidios, de los que conocemos bien la historia, desataron una serie de manifestaciones públicas encabezadas por estudiantes de universidades.
La BUAP y UPAEP, que en ese momento permitieron la libre protesta de sus alumnos, recibieron el respaldo de las instituciones de educación privadas, aglutinadas en este Consorcio Universitario, una agrupación formada hace varios años para la defensa de la educación en la entidad.
Así, en las calles, los estudiantes de la Ibero, Udlap, Tec de Monterrey, Anáhuac y Umad,se solidarizaron en las protestas, que a principios de marzo de 2020 dejó un claro ejemplo de organización y civilidad al aglutinar a miles de jóvenes con un solo objetivo: exigir justicia y seguridad ante la ola de inseguridad en la entidad.
En ambos momentos, las universidades privadas han solicitado diálogo con las autoridades municipales, estatales, federales, con diputados y senadores, aunque con muy pocos resultados.
El pasado 14 de mayo, el Consorcio Universitario –incluida la “granja de los conejos” – solicitó al Congreso del estado –encabezado por Gabriel Biestro Medinilla– una audiencia para debatir sobre la entonces iniciativa a la Ley Estatal de Educación Pública, enviada desde Casa Aguayo.
No hubo respuesta. Sólo vino la aprobación en fast track por los diputados locales.
Los universitarios celebraban la incorporación del concepto de humanismo como eje primordial para la transformación de la sociedad. Incluso, se dijeron aliadas de los gobiernos en la ardua tarea de impartir educación a toda la población.
Sin embargo, refutaban el incremento de atribuciones de supervisión y vigilancia sobre planteles y programas, afectando los principios de certeza jurídica, simplificación y equidad entre las instituciones. Además, expresaron su preocupación por la vulneración al derecho de autogestión y decisión sobre el destino de los recursos obtenidos lícitamente.
Los integrantes del Consejo Universitario también se manifestaron con dudas razonables sobre la Ley Estatal de Educación, pues en el apartado de bienes muebles se vulnera el principio de legalidad, abriendo el paso a la incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. Esto sin mencionar la contraposición al principio de libertad académica y la disminución de la calidad educativa por atender trámites y gestiones burocráticas, en lugar de cumplir con su objetivo de enseñanza.
Como respuesta, los universitarios solo han recibido quejas, regaños públicos y pomposas palabras que no abonan al debate público de una ley vigente, fundada en el derecho a la educación de cualquier ciudadano.
Tocará turno a otras instancias, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dar su veredicto para la enmienda o no, de la nomenclatura avalada, sin chistar, por los diputados locales, en su mayoría del partido Morena.
BOCANADA
La semana pasada, fuentes al interior de la Fiscalía General del Estado (FGE) confiaron al autor de esta columna que los recientes cateos en la ciudad de Puebla “darían para más”. Y eso, justamente, es lo que se espera en los próximos días. Al tiempo.