El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ. (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla, expresó su preocupación frente a los contagios por el Covid-19 al interior de los Centros Penitenciarios en el Estado de Puebla y manifestó la necesidad de tomar medidas urgentes de prevención y tratamiento.

A través de un comunicado, el Instituto señaló que las deficiencias en infraestructura de salud,  sobrepoblación y hacinamiento, así como la sistemática violación de derechos humanos al interior de los Centros Penitenciarios en Puebla, evidenciados en los diagnósticos que anualmente realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hacen a las personas privadas de la libertad, vulnerables, susceptibles al contagio y propagación del Covid-19.

Indicaron que de acuerdo con las cifras oficiales a nivel estatal, se han contagiado 1 de cada 2 mil personas, mientras que en el caso de personas privadas de la libertad, al menos 18 de cada 2 mil están contagiadas.

“De acuerdo con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de reclusos y con la Ley Nacional de Ejecución Penal, es responsabilidad estatal asegurar el pleno goce de derechos de las personas privadas de libertad, especialmente el derecho a la protección de la salud en el contexto actual de la pandemia”, expresó el desplegado.

Ante este escenario el IDHI aseguró que es urgente que el Gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la demás autoridades competentes, garanticen el derecho a la proteccion de la salud de tanto de las personas privadas de la libertad, como de adolescentes en conflicto con la ley.

También es importante cuidar tanto al personal que labora en centros penitenciarios; así como de las niñas y niños que viven con sus madres; de familiares y demás visitantes, a través de medidas urgentes que atiendan a los principios de necesidad, proporcionalidad, idoneidad, interseccionalidad, transparencia y respeto irrestricto a los derechos humanos, y se lleven a cabo de manera inmediata.

El Instituto afirmó que se debe implementar un programa estatal de salud penitenciaria que presente estrategias efectivas para la prevención y control de contagios en entornos peninteciarios y asegure el tratamiento médico de calidad de personas diagnosticadas por Covid-19.

Asimismo, piden implementar un programa de despresurización penitenciaria, que atienda el hacinamiento, que tome en cuenta no sólo la posibilidad de aplicar figuras legales como el indulto o la amnistía, sino también la reevaluación de casos de prisión preventiva, la utilización de medidas alternativas a la privación de libertad y otras posibilidades de liberar anticipada contempladas en la Ley Nacional de Ejercición Penal.

Finalmente, comentaron que es necesario brindar información suficiente sobre las medidas llevadas a cabo en los centros peninteciarios de Puebla durante la pandemia, tanto a la población privada de su libertad como a sus familiares y público en general.