Integrantes de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C. Capítulo Puebla, hizo un exhorto al Congreso del Estado a reparar sus omisiones democráticas y subsanar la falta de técnica legislativa que dio como resultado que la Ley de Educación en el Estado incluya vaguedades, imprecisiones, y redundancia.
En rueda de prensa virtual, Norma Pimentel, Presidenta del Capítulo Puebla de la Barra Mexicana, señaló que esta Ley afecta su interpretación y aplicación en perjuicio de la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes poblanos, así como de la certeza jurídica en perjuicio de todas las y los poblanos.
Expuso que la discusión, dictaminación, votación y aprobación de la Nueva Ley requería de un ejercicio de participación social acorde a las obligaciones convencionales contraídas por México, y a lo establecido por la Constitución Política.
“Pocos bienes son tan indispensables para el desarrollo social, económico, político, cultural y democrático de las sociedades como la educación; sin embargo, el Congreso del Estado deliberadamente privó de la oportunidad de escuchar las voces de una sociedad plural en un tema tan fundamental”, dijo.
En su intervención el jurista Hernández Argüelles explicó que en la creación de leyes que afectan a la sociedad en conjunto, como la educación, el estado mexicano está obligado por la firma de tratados internacionales a incluir la participación social, siendo ignorados grupos vulnerables y principales interesados en este caso.
“Se debieron tener foros, consultas, pero sobre todo de los interesados más cercanos a la Ley de Educación, me refiero a los propietarios de las escuelas, pero por otro lado los padres de familia y grupos vulnerables grupos indígenas, debieron ser consultado para que pudieran participar y la legislación tuviera un ajuste a las necesidades de estos grupos vulnerables, así como al personal con discapacidad e instituciones privadas de hacer oír su voz para construir, de manera democrática, a efecto de crear un instrumento adecuado a la conducta del ser humano y no un instrumento que simplemente se publique”, enfatizó.
Por su parte José Aguilar, integrante de la asociación, aseguró que este ordenamiento jurídico puede ser impugnado por aquellos que sientan algún daño a sus derechos, además de que la Ley puede ser modificada en artículos específicos o en su totalidad, dependiendo del planteamiento que realicen las personas que acudan a los medios de defensa constitucionales.