El colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla documentó 528 casos de personas desaparecidas en el periodo del 1 de enero al 20 de mayo de 2020, de los cuales el 70% de los afectados son mujeres y, del total, 50% son menores de edad.
En entrevista para 24 Horas Puebla, María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo, indicó que en el estado hay un registro promedio de ocho casos de desapariciones diarias, las cuales en su mayoría son reportadas ante las autoridades estatales.
La activista señaló que los municipios con mayores desapariciones de mujeres, hombres y menores de edad son los de la zona conurbada de Puebla, en la Sierra Norte y Valle de Tehuacán. Muchos de ellos son víctimas de la trata de personas, delitos con fines de explotación sexual, extracción de órganos o reclutados por el crimen organizado, así como por situaciones de violencia de género de la pareja o de conocidos.
Núñez Barojas expuso que cuando se registra una desaparición las familias no están preparadas para afrontar una situación tan delicada, pues muchas veces no saben qué hacer o a qué instancias acercarse y lo primero que hacen es presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
“La familia empieza a presentar angustia, incertidumbre, desesperación, porque existen trabas en la Fiscalía a la hora de interponer una denuncia y es ahí donde se enfrentan a un mundo de obstáculos, ya que deben dejar pasar 72 horas”, dijo.
Asimismo, criticó que, por tratarse de mujeres, hay señalamientos como que “se fue con el novio”, “mañana regresa”, así como la criminalización de la sociedad al decir que “en algo andaba”. Asimismo, también hay indiferencia de la sociedad, pues personas que saben qué pasó con la persona desaparecida lo callan “para no meterse en problemas”, y cuando las familias insisten en presentar la denuncia son violentadas por las mismas agentes del Ministerio Público.
La activista indicó que el Ministerio Público deja a las familias de los desaparecidos dar trámite a los oficios de colaboración, es decir, que por sus propios medios entreguen esos oficios a diferentes instituciones y en muchas ocasiones no cuentan con el dinero para realizarlo.
“Hay problemas económicos, ya que se da un desajuste laboral por buscar, por tener que ir a las instituciones; se deja de trabajar, los pocos ahorros que pudiera haber se canalizan a la búsqueda hasta que la familia se queda sin nada, (…) tener que seguir enfrentando esa lucha contra el propio Estado, porque al final siguen sin importarle las personas desaparecidas. Cada que se cumple un mes o año de la desaparición, se vuelve a revivir ese primer momento, se siente otra vez esa angustia y desesperación porque sigue transcurriendo el tiempo, y siguen sin tener noticias de la persona desaparecida”, señaló.
PIDEN FISCALÍA MÁS HUMANA
En entrevista aparte, Isabel Espinosa Cardente, coordinadora Jurídica del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ), indicó que es necesario que la FGE les informe a los familiares de personas desaparecidas qué protocolos deben seguir en una situación tan delicada como una desaparición.
Comentó que es de suma importancia que las familias tengan constante comunicación con los agentes de investigación que llevan su carpeta para aportar datos y que ellos los mantengan informados de qué actos realizan para localizar a un desaparecido.
“Es una cuestión de información, tal vez un poco desbloquear esas barreras informativas, (…) comprendemos la carga de trabajo de las instituciones de procuración de justicia, pero también sabemos de la obligación que tienen de informar a las víctimas de cuál es el procedimiento a seguir y qué pueden esperar de las autoridades”, señaló-