Hasta 12 años de prisión se impondrá como sanción a los servidores públicos que cometan el delito de robo de identidad aprovechándose de su cargo, según se plantea en una propuesta de reforma al Código Penal de Puebla del diputado local Gerardo Islas Maldonado.
La iniciativa, que se analizará en el Congreso local, busca castigar a los funcionarios que cometan este ilícito y que por su labor tengan acceso a bases de datos con este tipo de información, así como a los particulares responsables del tratamiento de datos personales.
De aprobarse esta adición al “Capítulo Vigésimo Sexto Robo de Identidad” de dicho ordenamiento, planteada por el legislador de Nueva Alianza, se impondrán de uno a ocho años de prisión y de 400 a 600 días de multa a la persona que cometa esta conducta ilegal.
Sin embargo, a quien se le descubra que se hace pasar por alguien más robando sus datos personales, con el fin de obtener un beneficio, principalmente económico y sea parte de la estructura gubernamental, la pena aumentará en una mitad, por lo que llegaría hasta los 12 años.
Gerardo Islas sustenta que con la diversificación del uso de medios digitales para realizar compras y pagos de bienes y servicios, el robo de identidad por esta vía ha tenido un incremento importante, por lo que se ha considerado el delito de mayor crecimiento en el mundo.
Argumenta que en Puebla existe una enorme laguna legal en el Código Penal, que permite el crecimiento exponencial del robo de identidad, ya que hasta el momento no se encuentra legislado y regulado.
Incluso destaca que según datos del Banco de México (Banxico), la entidad poblana ocupa el octavo lugar a nivel mundial en este delito; en un 67% de los casos, situación por la que considera primordial implementar alguna acción para combatirlo.