Entre los criminalistas predomina la frase: “El crimen perfecto no existe”.
Y así debería ser.
Porque, para que exista un crimen perfecto juez y delincuente deberán estar de acuerdo.
Y para no errar, si la victima decide callar por conveniencia, entonces ¡todo quedaría en la impunidad!
Lo que ocurre en Puebla es un raro ejemplo.
Va la explicación.
La semana que concluyó, Ricardo Gallardo, en su columna A la Sombra, escribió:
“Nos llama la atención, porque en la Auditoría Superior de Puebla, a cargo de Francisco Romero Serrano, están muy movidos tratando de que los entes obligados contraten a auditores externos palomeados por esa institución para que revisen sus finanzas; esto, a pesar de que la Ley permite a los sujetos elegir cualquier despacho de una lista previamente avalada por la ASE para realizar sus auditorías correspondientes.
“Dicen quienes ya recibieron la ‘recomendación’ que la promesa de la Auditoría local consiste en que, de escoger a ciertos auditores afines a Romero Serrano, se puede garantizar que no tendrán problema alguno en los resultados de sus ejercicios fiscales”.
En esa misma semana –la pasada–, el auditor Superior de la federación, David Colmenares Páramo, se pronunció públicamente “porque las entidades federativas no cuenten con auditores externos”.
Por ende, mantiene su rechazo bajo el argumento de que “este tipo de prácticas, tan recurrentes en los órganos de fiscalización de los estados, suelen echar a perder las auditorías de las cuentas públicas y, por tanto, promueven impunidad y corrupción”.
Resulta que, precisamente, David Colmenares es el responsable de homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas en materia de auditoría y fiscalización conforme lo establece la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Tarea que se ve más que compleja si las auditorías superiores estatales, como la de Puebla, creadas con la finalidad de auditar a los Poderes y municipios, delegan esa tarea en despachos particulares.
Vale la pregunta:
¿Cómo para qué sirve mantener a la Auditoría Superior, si el Congreso del estado, que es el encargado de la aprobación de las cuentas públicas, podría valerse de particulares?
Mejor sería, entonces, prescindir de ese robusto, desprestigiado y caro órgano auditor.
El propio David Colmenares ha sostenido que de mantener esa “práctica indeseable por parte de los estados, vislumbra un escenario en el que se cancele cualquier tipo de colaboración con los auditores estatales que insistan en revisar recursos federales con dependencias o instituciones privadas”.
Hace unas semanas en este espacio se escribió sobre el “lucrativo negocio que representaría para Francisco Romero Serrano, titular de la Auditoría Superior de Puebla, proponer la iniciativa que le otorgue el poder de designar a los auditores de los cerca de 300 entes que son fiscalizados y, lo que es mejor, sin sujetarse a las reglas de competencia que derivan de las leyes reglamentaria del artículo 134 Constitucional”.
Acotándose:
“Ojalá que esa iniciativa no prospere”.
LA COLUMNA DE DARÍO CELIS EN EL FINANCIERO
En la columna La Cuarta Transformación, de Darío Celis –del 24 de julio–, que publica El Financiero, realiza una serie de especulaciones que (nos) deben dejar más que preocupados.
Imagine usted, lector, que un funcionario deshonesto recibe una llamada de un emisario del auditor Superior del Estado y sostiene la siguiente conversación:
Emisario: “Mi jefe le propone como su auditor externo a Juanito Pérez y todo estará en orden, su cuenta será aprobará sin dilación alguna”.
Funcionario deshonesto: “Quién me garantiza que no va a haber problema con lo que sea entregado”.
Emisario: “Fíjese –y que le quede claro–, mi jefe es el que sanciona a los auditores”.
Funcionario deshonesto: “¿Cuánto va a costar?”.
Emisario: “A usted, nada… únicamente pague oportunamente a Juanito Pérez y nosotros nos arreglamos con él”.
De ahí la interrogante: ¿No es esto el crimen perfecto… quién va a rajar si todos ganan?
Ojalá los legisladores se dieran cuenta de lo importante que resultaría un análisis que permita identificar, por ejemplo, los patrones de cambio de auditores externos que han seguidos los municipios y otros sujetos de revisión a partir de este año.
Además, quiénes son los auditores beneficiados, cuál es la razón para sustituir a los auditores con los que habían transitado sin problemas en la revisión de cuentas y el comportamiento patrimonial del auditor Superior del Estado –Francisco Romero Serrano–, como su modo y nivel de vida.
Las dudas matan y no es lo que se exponga en este espacio que algo está mal, porque es real que algo huele muy mal, pues si se trata de controlar a los auditores externos sólo basta echar un vistazo a los lineamientos para la Designación, Contratación y Control de los Auditores Externos, emitidos por la Auditoría Superior y aplicables al 2020.
Ahí se podrá encontrar como antecedente… Francisco Romero Serrano creó por acuerdo un Comité de Evaluación de Aspirantes que permite que libremente cada sujeto a revisión nombre a su auditor, siempre y cuando Francisco Romero le haya permitido estar en el Padrón de Auditores.
Y en los casos en que el propio Francisco Romero así lo escribió, podrá nombrar al auditor externo de los Poderes, paraestatales o municipios y sancionar a quien no cumpla lo que editó.
¿Y el Congreso del estado, que debería estar obligado a que esos lineamientos se expidan a través de una Ley?… bien gracias, gozando de cabal salud.
En siguientes entregas se plasmarán más inquietudes; por ejemplo: en esos dichosos lineamientos hay una larga lista de impedimentos para ser auditor, pero ¿qué pasa con los parientes del auditor especial de Cumplimiento Financiero?
Al tiempo.