El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no tiene ningún impedimento para proceder legalmente contra los expresidentes en caso de que tuviera evidencias de que cometieron un delito, pero en realidad lo que busca con la consulta pública es un linchamiento público con fines políticos, aseguró Verónica Juárez Piña, coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD en la Cámara de Diputados.

El ejecutivo federal presentó ante el Senado de la República una petición de consulta popular a fin de preguntar a la población si están de acuerdo o no con que las autoridades competentes investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones.

“La consulta no es requisito previo para que se inicien los procedimientos legales. El derecho de acceso a la justicia debe ser para todas y todos. Si los delitos existen, las y los mexicanos tenemos derecho a que se procese a los expresidentes, independientemente de la consulta.

“Es claro que la consulta no tiene fines legales, sino políticos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se tendrá que pronunciar sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, pero es evidente que ésta no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 35 de la Constitución de la República. Luego entonces es una simulación más del presidente”, aseveró la perredista.

Hizo una llamado a nombre de sus compañeros de bancada a que si López Obrador tiene elementos de que los expresidentes cometieron un delito, presente las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), y le permite desahogar el proceso.
Pidió al mandatario federal que se ponga a gobernar, pues son muchos los problemas por los que atraviesa el país y los mexicanos demandan respuestas efectivas y prontas.

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