Pretender extinguir el Fondo de Salud para el Bienestar, mediante un albazo ayer en la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es un despropósito que afecta a los sectores más necesitados del país, aseveró la oposición en la Cámara de Diputados.
En un pronunciamiento conjunto de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD, y el diputado sin partido, Carlos Morales, pidieron reorientar los recursos de las obras del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, y el aeropuerto de Santa Lucía con lo que dispondría de más de cien mil millones de pesos.
“Es cierto que la pandemia reclama recursos económicos, pero estos no deben obtenerse a costa de un fondo que atiende los padecimientos de las personas de más bajos ingresos”, puntualizaron.
Recordaron que los diputados de Morena en la Comisión de Presupuesto, que sesionó ayer por la tarde, presentó una reserva con la pretensión de agregar, a través del artículo transitorio 19, que se trasladaran recursos del antes llamado Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
“Las y los legisladores en defensa de los recursos públicos, optamos por retirarnos ante la pretensión de un albazo legislativo, en virtud de que ese fideicomiso no formaba parte de la lista de los que originalmente consideraban desaparecer en el dictamen.
“Esta maniobra pretendía direccionarle recursos a la Secretaría de Hacienda para que los canalizara supuestamente, a atender la pandemia provocada por la Covid-19, siendo que estos recursos ya están etiquetados y destinados a la protección en casos de enfermedades graves”, indicaron.
Señalaron que esos recursos son la única alternativa con la que cuenta la población que no tiene seguridad social; es decir, que no está protegida ni por el IMSS, ISSSTE, o algún otro sistema de salud que pudieran brindarle atención médica.
Detallaron que este fondo permite atender casi 65 padecimientos, entre los cuales está el cáncer, enfermedades hepáticas, y renales, y desaparecerlo de manera automática se pondrían a disposición de la Secretaría de Hacienda recursos que podrían ascender de entre 33 mil millones a más de 97 mil millones de pesos.
DAMG