Las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos aliados cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas, que equivalen a crímenes contra la humanidad, dijeron investigadores de Naciones Unidas el miércoles.
Según indicaron, existen argumentos razonables para creer que el presidente Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y de Defensa ordenaron o contribuyeron a los crímenes documentados en el informe con el objetivo de silenciar a la oposición.
La mayoría de ejecuciones ilegales por parte de agentes estatales no han sido procesadas en Venezuela, donde el estado de derecho y las instituciones democráticas han colapsado, agregaron.
La misión sobre el terreno de la ONU dijo que otras jurisdicciones nacionales y la Corte Penal Internacional (CPI), que abrieron un examen preliminar de Venezuela en 2018, deberían estudiar acusaciones. En este contexto, se ofrecieron a compartir su base de datos con los nombres de los agentes identificados por las víctimas.
“La Misión halló argumentos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas planearon y ejecutaron desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunos de los cuales -incluidos asesinatos arbitrarios y el uso sistemático de la tortura- equivalen a crímenes contra la humanidad”, dijo en un comunicado la directora del panel, Marta Valiñas.
No hubo respuesta inmediata del gobierno de Maduro al reporte, basado en más de 270 entrevistas con víctimas, testigos, exoficiales y abogados, así como documentos confidenciales.
“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes fueron coordinados y cometidos conforme a las políticas estatales, con el conocimiento o el apoyo directo de oficiales con mando y altos funcionarios del gobierno”, dijo Valiñas.
El panel descubrió que funcionarios del ejército, la policía y la inteligencia cometieron asesinatos extrajudiciales. Entre ellos está el general Christopher Figuera, exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia, señaló.
El equipo dijo que tiene motivos razonables para creer que el servicio de inteligencia falsificó o plantó evidencias en las víctimas, y que sus agentes torturaron a los detenidos. Entre ellos está el legislador opositor Fernando Albán, que según el gobierno se suicidó en 2018, aunque su partido asegura que fue asesinado.
Asimismo, se cree que el capitán de la Marina Rafael Acosta pereció el año pasado torturado bajo custodia de la agencia de inteligencia militar DGCIM, afirmaron expertos de la ONU.
El panel, establecido por el Consejo de Derechos Humanos para investigar violaciones desde 2014, no tuvo permiso para entrar en Venezuela. Más de 5 millones de personas -una sexta parte de la población- ha escapado de la crisis política, económica y humanitaria que vive el país.
Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, dijo al foro el martes que el gobierno está cooperando con la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, permitiendo visitas a prisiones.
Valero denunció las últimas sanciones impuestas por Estados Unidos, que están “causando sufrimiento y muerte al pueblo venezolano”. Washington y decenas de países reconocen al opositor Juan Guaidó como líder interino legítimo de Venezuela.
DAMG