La Corte Suprema de Colombia anunció este martes que trasladó a la Fiscalía General el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por cargos de soborno de testigos y fraude procesal, como consecuencia de la renuncia del político al Senado.
La defensa del exmandatario había solicitado el traslado del proceso de Uribe luego de su dimisión al Congreso, con el argumento de que los hechos investigados no se relacionan con sus actividades parlamentarias.
“Por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista, sobre conductas como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, la Corte Suprema de Justicia dejará a disposición del fiscal general de la Nación al detenido exsenador Álvaro Uribe”, dijo un comunicado del tribunal.
Uribe, quien permanece bajo arresto en su finca cerca de Montería, la capital del departamento de Córdoba, después de que la Corte Suprema ordenó su detención citando riesgo de obstrucción a la justicia en un proceso en el que es acusado de vínculos con escuadrones paramilitares de derecha, había cuestionado la independencia del tribunal.
El exmandatario, quien denunció una violación del debido proceso por parte de la Corte Suprema, ha declarado repetidamente su inocencia en medio de acusaciones de que sus aliados realizaron manipulación de testigos, en un intento de desacreditar supuestos vínculos con paramilitares.
Los críticos de Uribe alegan que su renuncia al Senado es una estratagema para llevar el caso en un órgano legal potencialmente menos riguroso.
Con la renuncia de Uribe al Senado, el Partido Centro Democrático perdió a su principal líder, en momentos en que el presidente Iván Duque busca impulsar reformas económicas y sociales para enfrentar los efectos de la pandemia del coronavirus.
Es la primera vez en la historia de Colombia que la Corte Suprema de Justicia ordena privar de la libertad a un expresidente. Uribe, quien gobernó a Colombia entre 2002 y 2010, fue el senador más votado en las elecciones legislativas de 2018, es el mentor político de Duque y sus opiniones provocan división en el país.
Los aliados de Uribe, incluido Duque, habían solicitado a la corte permitirle al expresidente defenderse en libertad y argumentaron que su arresto domiciliario es injusto, comparando su caso con el de exlíderes de la desmovilizada guerrilla de las FARC, a quienes otro tribunal les ha permitido permanecer libres mientras avanzan sus procesos por crímenes de guerra.
cs