Se llama Erika Elizabeth Ramm González y es magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahí instaló un feudo propio de las peores expresiones de regímenes instaurados por el Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional.
Candil de la calle y oscuridad de su casa. En marzo de 2018, en medio de una campaña feroz por la gubernatura que libraban el Partido Acción Nacional con Martha Erika Alonso y el Movimiento de Regeneración Nacional, con Miguel Barbosa, llamó a la ciudadanía a presentar denuncias contra candidatos ligados al huachicol, o robo de combustible.
Actuaba con deliberada omisión ante la larga lista de personajes del grupo en el poder vinculados con delincuencia organizada que habían encontrado una parcela de poder a través de las cabezas visibles del régimen que permitió todo tipo de delitos.
Además, de acuerdo con una publicación de elciudadano.com “el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de Puebla, encabezada por la Magistrada Erika Elizabet Ramm González, desechó la demanda de reclamo de indemnización” de la familia del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo muerto en Chalchihuapan en julio de 2014 y que será reabierto por la Fiscalía General del Estado.
Empeñada en ofrecer una imagen impecable y solidaria, la Magistrada incurre de manera constante en prácticas que van de la opacidad al abuso que le ofrece el cargo que ocupa, según obra en documentales que no admiten ninguna duda.
Al personal que labora en el área obliga a trabaja en elaboración de materiales de difusión de una fundación tu para el Club de Leones en donde participa y a pagar cuotas obligatorias, con lo que claramente incurre en conductas ilegales y anti éticas.
Es quizá por ello que aparezca como beneficiaria del Programa Montos Pagados por Ayudas y Subsidios del Ayuntamiento de Puebla con cuatro entregas de dinero en el cuarto trimestre de 2019: 36.11, 41.53, 43.98 y 30.76 mil pesos.
En los últimos meses, durante el periodo de la pandemia debido al virus Covid-19 ha incurrido en prácticas que parecían desterradas: obliga a hombres y mujeres a montar guardias irregulares, laborar en días inhábiles, atender jornadas de trabajo mucho más allá de los horarios establecidos y un sistema de acoso laboral inadmisible.
En cambio, en un espacio de reflexión propiciado por el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales escribió sobre la obligación del Estado con la “rendición de cuentas”, de la violencia de género y las necesarias condiciones de igualdad que deben prevalecer entre ambos géneros.
La Magistrada Ramm González ha sido parte de la guardia pretoriana que protegió el acto ruin de negar justicia a una familia vulnerable como la del niño muerto en Chalchihuapan, obligar a sus subordinados a la humillación, recibir dinero de un gobierno y hablar de transparencia y dignidad para la mujer.
@FerMaldonadoMX
Parabolica.mx por Fernando Maldonado