La reciente aprobación de la Ley de Ingresos para 2021, parece orientarse a una recaudación “a toda costa”, al utilizar mecanismos punitivos que son aparentemente excesivos y generan un clima de amenaza y persecución, desestimando recomendaciones de los organismos internacionales, informó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su reporte semanal, el organismo dependiente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que la Ley de Ingresos no toma en cuenta las diversas objeciones presentadas en los parlamentos abiertos y reuniones con la autoridad.
“La preocupación es que la política fiscal parece encaminarse hacia elevar la recaudación a toda costa… Este proceder implicaría un grave riesgo ya que, si bien podría elevar la recaudación en el ejercicio, a futuro contribuiría también al marco de falta de certeza jurídica que tanto hace falta para la recuperación de la inversión privada”, señaló
De acuerdo con lo dicho por el CEESP, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha ejercido presión para llegar a “acuerdos” con contribuyentes que tienen disputas con la autoridad, con base en amenazas de múltiples auditorías y otros actos que, aunque se apeguen a la ley, no dejan de ser “intimidatorios”.
Y es que el hecho de que cuando la defraudación fiscal exceda ciertos montos tenga como consecuencia prisión preventiva oficiosa y la extinción de dominio, puede ser un fuerte disuasivo a la inversión según el Análisis Económico Ejecutivo.
Previamente, el Colegio de Abogados de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés), envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador exponiendo que las autoridades fiscales del país están “intimidando a los contribuyentes que tienen irregularidades fiscales para que no busquen asesoría legal para corregir su situación fiscal y asistan directamente al SAT”.
El incremento de impuestos es tomado por ABA como una violación clara al proceso correcto de recaudación y a los derechos humanos establecidos en la Constitución, mismos que se incluyen en la Convención Americana de Derechos Humanos de la que México es parte. ABA exhortó al Gobierno de México a que el estado de Derecho sea respetado y a que los funcionarios acaten el derecho a las
personas de buscar asesoría legal sin interferencia gubernamental.
En tanto, el CEESP alertó que la intimidación hacia el sector privado para que cumpla con el pago de impuestos podría frenar las inversiones.
AR