Este lunes, un juez federal establecerá si son suficientes las pruebas que tienen los agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) para acusar a la exfuncionaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, de ejercicio indebido del servicio público derivado de la Estafa Maestra.
La audiencia se realizará en el Reclusorio Sur y será privada debido a la contingencia sanitaria por Covid-19.
Robles permanece detenida desde el 13 de agosto del 2019 en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla es señalada por omisión del desvió de cinco mil 73 millones 358 mil pesos en la administración de Enrique Peña Nieto.
En una carta que difundió en redes sociales, señaló que lleva ya más de un año privada de manera arbitraria de su libertad.
“La prueba más contundente es la confesión pública del propio fiscal general de que prácticamente me tienen como rehén porque no he querido colaborar para que obtengan la información que ellos quieren y completar así el guion que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”.
Destacó que tiene información confiable, proveniente de fuentes al interior de la Fiscalía General de la República que las autoridades se han reunido con sus excolaboradores ofreciéndoles impunidad a cambio de que declaren lo necesario.
“Con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías. Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad”.
El 26 de agosto la defensa legal de la calificó como desproporcionado que la FGR solicitara al juez 21 años de cárcel por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
En esa ocasión el abogado Epigmenio Mendieta, comentó que antes de imponer una pena deben ir a un proceso y la Fiscalía está obligada a comprobar el hecho, la participación, derivado de ello se determinará la posible imposición.
“Ya sabíamos que la FGR presentaría la acusación, hay un capítulo que se llama pretensión punitiva, es la pena que ellos piden, están solicitando el máximo, definitivamente es desproporcional”, manifestó.
Resaltó que afortunadamente no depende de la Fiscalía y corresponde exclusivamente al Poder Judicial de la Federación y a sus jueces.
“No va a ser en la proporción que maneja la FGR… no es la pena que le correspondería por un delito no grave de omisión. La pena es de dos a siete años, le correspondería dos y dos por Sedesol y Sedatu se cumplen de manera simultánea”.
La audiencia intermedia inicia en su fase oral y a partir de ello empezará a depurar lo que presente la acusación del Ministerio Público.
Mendieta, recordó que otros personajes han cometido delitos más graves y la Fiscalía no solicita este tipo de penas.
fahl