La advertencia llegó hace poco más de un mes, en forma de “milico”: alto, atlético y corte militar, el enviado dijo a la persona encargada de la puerta que era preciso entrar al despacho en el que un grupo de abogados trabaja en la integración de expedientes sobre irregularidades cometidas en la construcción de puentes atirantados y la entrega sospechosa de registros de validez oficial para operar universidades.

La semana pasada fueron más allá. Entraron por la madrugada a una sede alterna por la zona de Huexotitla en la que se decidió continuar con la investigación sobre casos de corrupción en los periodos de gobierno con Rafael Moreno Valle (puentes atirantados) y de Antonio Gali (entrega de Revoes). Cómplice, la noche permitió que no fueran vistos quienes forzaron la entrada para dejar constancia de un críptico mensaje: todos están en la mira.

Cuando comenzó el gobierno de Miguel Barbosa, en una de las frecuentes reuniones de gabinete alguien mencionó en la mesa sobre los riesgos que se corren ante la convicción de abrir los expedientes del pasado, en el que una clase política se había acostumbrado a hacer negocios desde espacios de poder.

Este miércoles se cumplen 13 días de que las oficinas de uno de los más cercanos al Ejecutivo fueron atracadas por gente armada. Eric Cotoñeto Carmona, el operador de Barbosa estaba de gira en Teziutlán cuando ese jueves 22 de octubre el personal de aseo fue amagado y sometido sin que hasta este momento se tenga clara alguna línea de investigación.

Las dudas en el primer círculo del gobernador sobre la pulcritud en la conducta del Fiscal General del Estado persisten. La mácula que acompaña a su titular, Gilberto Higuera Bernal, por la forma en la que llegó al cargo, lo convierte en pieza clave pero endeble en la estrategia de persecución de autores intelectuales y materiales de los delitos del pasado.

Cotoñeto Carmona no ha sido el único integrante del grupo compacto de Miguel Barbosa en padecer un episodio de notable carga intimidatoria. En julio de 2018, sucedió con la coordinadora de Comunicación Social y Agenda Digital, Verónica Vélez, a quien el rudo operador del morenovallismo, Eukid Castañón, amenazó abiertamente. Luego fue el secretario de Gobernación, David Méndez, en septiembre de 2019.

En todos los casos han sustraído equipo de cómputo y documentos. Lo que queda es el desorden de quien a hurtadillas hurga, escudriña y espía a sus oponentes. Y la incertidumbre total al saberse vulnerable, sin asidero alguno. Nada se ha hablado sobre estos episodios, algunos de los cuáles han sido ampliamente documentados.

En las próximas horas será pública una nueva anomalía en la minigestión de Gali Fayad que implica más de mil millones de pesos destinados al saneamiento del Río Atoyac. La Auditoría Superior del Estado tiene terminada la investigación para solicitar a la FGE, la judicialización del expediente.

Los hallazgos de un presunto desvío de dinero público en el pasado abrirán un nuevo frente de batalla jurídica que deberá tener repercusiones políticas. Y muy probablemente, traiga otros episodios de indeseables visitas en oficinas o domicilios de gente vinculada al gobierno de Puebla. Es una fórmula probada desde los sótanos de la política.

 

Parabolica.mx con Fernando Maldonado