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lunes 23 de noviembre 2020 , 6:19 am

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Cúmulo de empresas lavadoras en investigación sobre la BUAP

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El Grupo Asesores Torres Fernández publicó en su página de Facebook un post que pudo haber sido premonitorio: “Darán cárcel por discrepancia fiscal”, y otras publicaciones parecidas sobre una de las prácticas que el Senado de la República dispuso como una actividad de delincuencia organizada entre año.

El 2 de noviembre la Fiscalía General del Estado efectuó un cateo en el número 515 de la calle Vicente Guerrero en la colonia Santa Cruz Buenavista, un inmueble de reciente edificación en cuya parte superior se lee Lex Practice, relacionado con Alfredo Torres Fernández, uno de los dos detenidos y vinculados a proceso por el presumible blanqueo de dinero de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Información a la que el autor de la columna ha podido acceder, derivado de esa diligencia ministerial se pudo encontrar evidencia de al menos una veintena de probables firmas fachada para lavar dinero público.

Entre ellas se encuentran IJ Consultores, Blondas, Macuspana Textil, Coordinados Rian, Arrendadora Roes, Instituto Panamericano de Calidad, Corporativo Dan, Admon. Logística Mexicana, Productores del Altiplano, Lex Practice (ubicada en el sitio del cateo ministerial), Torres Fernández Consultores, Staff Captación, Grupo Inofin, Isabelt Services, Limaja, Agrícola Amahí, Libros y Tecnología, Meridiano 2000 y T-Web.

Una búsqueda exhaustiva para encontrar datos precisos como nombres de directores, gerentes, CEO, cartera de clientes, estados contables o direcciones físicas, sitios en internet o redes sociales arrojó la inexistencia de información adicional sobre las empresas, probablemente fantasmas.

El 25 de octubre la Parabólica reveló que dos personajes habían caído por lavado en la Buap, uno de ellos Alberto Torres Fernández que junto a su compañera enfrentan los probables delitos de “asociación delictuosa, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita”, según la carpeta de investigación 754/2020.

Torres Fernández, imputado de los delitos ya referidos, estaría buscando convertirse en testigo protegido bajo la figura de criterio de oportunidad para evitar ser consignado a cambio de información que hipotéticamente posee.

“Torres Fernández aspira a convertirse en nuestro Loyola Austin (ex director de Pemex). Para ello deberá aportar datos de prueba con solvencia suficiente para encontrar el hilo de la madeja que lleve a la acción penal que espera el gobernador Miguel Barbosa, que una y otra vez ha señalado ilegalidades en el gasto público universitario”, decía la columna del autor publicada el 4 de noviembre pasado.

El viernes de la semana pasada un grupo de universitarios llevó sus demandas al Senado de la República para pedir un freno a lo que han llamado “violación a la autonomía universitaria, al estado de derecho y la persecución política” que se vive en la Buap.

Para cuando se solicitó la intervención senatorial, un grupo de investigación ministerial ya tenía dos semanas en el proceso de análisis de la información obtenida del cateo en la colonia Buenavista, en lo que podría tratarse del producto de la dilación de quien aspira a acogerse a la figura de criterio de oportunidad.

 

Parabólica.MX por Fernando Maldonado

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