Ante la iniciativa presentada al Congreso del Estado de Puebla, de agregar el capítulo VIII al Título Tercero de la Ley Estatal de Salud para establecer la denominación del aborto como “interrupción legal del embarazo” y que las instituciones públicas de salud lo realicen de manera gratuita hasta las 12 semanas de gestación, la Arquidiócesis de Puebla pone de manifiesto su total rechazo, pues permitir una práctica como tal, en la que se violenta el derecho fundamental a la vida, va contra los mismos valores y derechos sobre los que se construye cualquier sociedad.

Es científicamente evidente que el embrión es un individuo humano desde que, con la unión de los gametos de sus progenitores, se constituye como un ser biológicamente nuevo y distinto, con un genoma propio, lo cual es evidenciado por las bases modernas de la biología molecular y la genética. Es justamente su ADN único y singular lo que compone el patrimonio genético del nuevo individuo humano.

Dicho todo lo anterior, se concluye que, una vez verificada la concepción, el seno materno es habitado por una vida verdaderamente humana; es una persona, independientemente del tiempo de gestación, pues no se es humano desde la semana 12, sino desde el inicio, momento en que ya se debe privilegiar su derecho a la vida, como lo establecen tratados internacionales.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte […]”. Ahora bien, México se adhirió, en 1981, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969), el cual determina en el Artículo 4°: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

Por otro lado, se argumenta que el aborto es un problema de salud pública, como si se hablara del cáncer, la diabetes, o la pandemia que todos estamos sufriendo; sin embargo, el embarazo no es una enfermedad, y la noble vocación del médico se encamina a salvar vidas y procurar la salud, nunca a su destrucción o deterioro intencional. También conviene recordar que los médicos gozan del derecho a la objeción de conciencia, reconocida en la Ley General de Salud desde el 11 de mayo de 2018.

Ahora bien, dada la experiencia en lugares donde el aborto es legal, ha quedado evidenciado que no existe el aborto seguro, puesto que hay una serie de complicaciones que pueden darse, como daños temporales o permanentes en el cuerpo de la mujer, e incluso su muerte; o bien posteriores, como el síndrome post-aborto o la imposibilidad de concebir nuevamente.

Es mejor pensar en la prevención, apostando por una verdadera formación y “humanización de la sexualidad”, no fundamentada en el permisivismo y la anticoncepción, sino orientada a la madurez humana y afectiva, a la auto regulación y la valoración correcta del amor y del don de la sexualidad para la plenitud de la persona; además de ello, es necesario crear estructuras y mecanismos de protección en favor de las mujeres y de su dignidad.

Superemos la cultura de la muerte. Para ello, es importante reconocer que hay opciones antes que pensar en eliminar la vida del propio hijo, como la adopción en el seno de una familia sana, integrada y equilibrada. También hay que tener presente que existen asociaciones civiles que apoyan a las mujeres que, a pesar de las dificultades, deciden continuar con su embarazo. Digamos sí a la vida.