Seguro que en la historia del derecho penal habrá muy pocos personajes sujetos a procesos judiciales diversos que tengan la capacidad para promover un cúmulo de amparos en la búsqueda de la justicia federal como el ex diputado federal por el Partido Acción Nacional, Eukid Castañón Herrera, notoriamente abandonado por su partido y dirigencia, que por estos días cumple nueve meses de encierro.

En números estadísticos, ha buscado la protección de la justicia federal al menos una ocasión cada quince días. El personaje, imputado de los delitos de manejo de recursos de procedencia ilícita, extorsión además de los que resulten, ha promovido un total de 16 recursos de amparos por la presumible violación de sus derechos individuales.

La especie falaz de su probable traslado a un penal federal en lugar del Centro de Reinserción Social de Tepexi, considerado de mediana seguridad, explica el nivel de desesperación del propio inquilino del sistema carcelario poblano y su equipo jurídico que va de tropiezo en tropiezo.

Más allá de la especulación desatada por esa versión inverosímil, los números fríos permiten ver la condición anómala de un personaje que perdió el manto de impunidad del que gozó mientras a nivel federal gobernó Acción Nacional en mancuerna con el Partido Revolucionario Institucional.

Así, en el Juzgado de Distrito en Materia Penal ha buscado ser protegido con 13 recursos de amparo por diversas razones y en el Tribunal Colegiado en Materia Penal ha hecho lo propio en tres ocasiones.

El fallo en contrario más reciente (sobreseimiento) ocurrió el 10 de noviembre luego de que la defensa encabezada por el abogado Fidel Martínez Lezama promovió un juicio de amparo indirecto (316/2020) por incomunicación, “tortura física y su ejecución”. El documento que el columnista posee establece que no se encontró ninguna señal de tortura y tampoco incomunicación.

Entre los promoventes de los juicios de amparo están los familiares del propio imputado, distintos abogados que asisten en la defensa jurídica y hasta una cosmetóloga, organizadora de eventos sociales que aparecía con frecuencia en revistas de la socialité poblana y revistas del corazón.

En diversos juzgados en materia penal ha buscado el cobijo de las leyes federales por “actos privativos de la libertad”, “orden de traslado” del penal de San Miguel en la capital al de Tepexi de Rodríguez, por la “técnica de investigación consistente en la orden de cateo y otros” entre propiedades que aparecen a su nombre o allegados, “incomunicación y tortura”, del “auto de vinculación a proceso, imposición de la medida cautelar de prisión preventiva”, la negativa de parte de la Fiscalía General del Estado para “desasegurar (sic) o levantar el aseguramiento del inmueble instrumento esencial en la comisión del delito”, aunque no se advierte si se trata de la residencia ubicada en la Laguna de Bacalar en Quintana Roo o el búnker que ocupó en la 9 Poniente en la colonia La Paz.

La historia de la detención y vinculación a proceso del pez más grande que hasta ahora enfrenta a la Cuarta Transformación en Puebla no sólo se mide en meses de cautiverio, sino en recursos jurídicos que la defensa y sus allegados han promovido con escaso tino; el desahucio político que vive Castañón se explica por sí mismo: rodeado de intereses, más que afectos auténticos, la espera a la sombra se extenderá sin remedio.

 

Parabólica.MX  por Fernando Maldonado