Con la determinación que aprobó su Consejo General, para obligar a los partidos a postular a mujeres en al menos a 7 de las 15 elecciones de gubernaturas, que estarán en disputa en 2021, el Instituto Nacional Electoral (INE) no solamente invade facultades legislativas, sino que también dicta con estos criterios que buscan garantizar la paridad de género -algo bueno, pero mal hecho en este caso- un ordenamiento imposible de cumplir en la realidad.
También, violenta la autonomía de los estados y, por si fuera poco, rebasa los sentidos jurídicos y hasta el común.
El destino de este ordenamiento, tal y como fue realizado, es su rechazo en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
No se trata, que no se mal entienda, de ir en contra de la paridad de género. Señalar el desaseo de esta resolución no tiene nada que ver con la misoginia ni con el machismo.
En principio, jurídicamente no se puede obligar a los partidos a postular a mujeres como candidatas a gobernadoras, porque se trata de cargos unipersonales.
No es, como en el caso de las alcaldías, que se disputan muchas en un mismo proceso, por cada entidad. O, por ejemplo, en las planillas a regidores y regidoras, en donde son varias las candidaturas.
Exactamente igual ocurre en las elecciones legislativas, en donde ya sea federales o locales, están en juego varias curules o escaños, y la paridad se puede y se exige, desde la reforma electoral de 2014.
El INE violentan la autonomía de los estados, principalmente de los Poderes Legislativos de las entidades, a quienes, en todo caso, compete reformar sus Constituciones locales en la materia.
En este tema, en el que los consejeros que impulsaron la medida son “políticamente correctos”, resultan, a la vez, jurídicamente incorrectos, pues exceden sus facultades.
Se trata también de una posición antidemocrática, pues al abrir por obligación la paridad en las gubernaturas para las mujeres, cancela ésta, pero ahora para los hombres, en un país en el que la inercia, esa sí machista, no ha generado suficientes profesionales mujeres de la política, que estén en el escalafón de esa competencia.
Los partidos, y ahí es su responsabilidad, se han tardado en el impulso de la paridad interna, de modo tal que hoy mismo no abundan mujeres para las gubernaturas.
El INE dicta una determinación diferenciada, pues a los partidos locales los obliga a postular mujeres u hombres, en función del género que postuló en la elección inmediata anterior, lo que no hace con los institutos con registro nacional.
Los consejeros que votaron a favor saben bien que el TEPJF la echará abajo. No por los “intereses” de los partidos y sus “machistas” dirigentes, sino por razones jurídicas.
A ese paso, pues que se aplique también la paridad en la elección presidencial. Que los partidos que hayan postulado en 2018 a hombres, ahora estén obligados a llevar como candidatas a mujeres en 2021.
Se trata de paridad, ¿no? La verdad es que no. Se trata de demagogia de género y esa también debería ser considerada una forma de violencia.
Piso 17 por Álvaro Ramírez Velasco