Al anunciar que alista una denuncia por si no se llega a un acuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició la presión contra cuatro empresas beneficiadas con contratos para centros penitenciarios firmados por la entonces Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna, quien está preso en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.
En su conferencia matutina de ayer, instruyó al consejero Jurídico, Julio Scherer, para proceder.
“Que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo, porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente, y que si tienen voluntad de que haya un arreglo se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública. Se va a hablar con cada uno de ellos.
“Lo siguiente o al mismo tiempo se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil, para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo”, manifestó.
El mandatario también resaltó que en la Fiscalía General de la República (FGR) ya hay una denuncia referente a todo el caso García Luna.
Se trata de ocho contratos, de los cuales dos se firmaron con la empresa EXI QUANIUM S.A DE C.V. para los penales federales de Sonora y Guanajuato.
Uno más es con la empresa GIA S.A DE C.V., del empresario Hipólito Gerard, para el penal de Oaxaca. Uno con DIP Concesionaria Duranguense de Infraestructura Penitenciaria para el penal de Durango y otro con Concesionaria de Infraestructura Penitenciaria de Michoacán para el penal de Michoacán, del empresario Olegario Vázquez Raña.
Dos más son con Capital Inbursa, de Carlos Slim, para los penales de Morelos y Chiapas, y el último corresponde a Black Rock, de su amigo el inversionista estadounidense Larry Fink, para otro penal en Guanajuato.
“Obviamente aquí hubo abusos de todo tipo, los beneficiarios de estos contratos muy vinculados al poder… Y es un botón de muestra, desgraciadamente, porque esto se extendió por todo el gobierno, se dedicaron a saquear durante el periodo neoliberal. Privatización, sinónimo de corrupción, pero a estos extremos”.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que son contratos firmados a 20 años con un costo de 266 mil 300 millones 554 pesos, de los cuales se han pagado en nueve años, 75 mil 661 millones 735 pesos y están pendientes de pagar 190 mil 638 millones 819 pesos.
Destacó que en 2020 se pagaron 15 mil millones de pesos a los penales privados, lo que representó un costo por preso al día de 3 mil 819 pesos, en promedio.
Los penales tienen una población en conjunto de 12 mil 284 reos, y están subutilizados. En el caso de Sonora se encuentran a 78% de su capacidad; Guanajuato, 76%; Durango, 72%; Coahuila, 69%; Oaxaca, 59%; Chiapas, 52%; Michoacán, 48%; y Morelos, 32%.
En noviembre pasado, este diario publicó que el costo promedio por persona privada de la libertad en los penales es de 250 pesos al día.
LEG