En la fachada de la Secretaría de Gobernación, en la calle Abraham González, cumplieron 44 días en plantón permanente, colectivos de familiares de personas desaparecidas; y 74 días los familiares de las víctimas del incendio de la guardería ABC, en Sonora.
Los colectivos exigen el regreso de los apoyos económicos que les retiraron con la eliminación de los fideicomisos y que ahora, dicen, se les condicionan a su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes para que justifiquen los gastos que hacen en su labor.
Margarita López Pérez, del colectivo Buscando Cuerpos, asevera que no se moverán del lugar hasta que tengan de vuelta los recursos que les ayudan a localizar a sus parientes y de ninguna forma cederán a la petición de inscribirse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La única salida que ve, es trabajar en reformas a Ley General de Víctimas y proponer una iniciativa que les devuelva los apoyos.
En el sitio lo que impera –además del enojo por la falta de respuestas y la poca empatía de los elementos de seguridad de la Segob que todas las madrugadas, afirman, les ponen música a todo volumen– es la tristeza.
Recordar la desaparición de hijos, hijas, nietos, esposos, hermanas…obliga a pausas en la conversación para evitar el llanto.
Pero en ese plantón, de apenas una cuadra sobre la vialidad, también está incrustada la desconfianza a los desconocidos, a las fotos y a los videos tomados con celular.
Se saben desprotegidos de quienes se llevaron a sus familiares y de que las amenazas de muerte no quedan en palabrería.
Una mujer proveniente de Sonora cumplirá dos años en busca de su hijo, por miedo, prefiere reservarse su nombre, el de su hijo y hasta el municipio donde ocurrieron los hechos.
Sobre los responsables, solo expresa que fue “la autoridad” y no se atreve a especificar si fue municipal, estatal o federal, no quiere que de forma alguna se le pueda ubicar; la represalia por su búsqueda ha dejado tres sobrinos más desaparecidos y uno asesinado.
AR