El sector energético ha sido la arena donde se han dado los encontronazos entre los empresarios y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque en el discurso del mandatario se menciona abusos y corrupción por parte de la iniciativa privada, sabe que también la necesita para reactivar la economía, golpeada por la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19.
Los datos del presidente señalan que la Iniciativa Privada tiene el 46 por ciento de la generación de electricidad y un 20 por ciento de la producción petrolera.
Aunque en el sexenio pasado se aprobó la reforma energética, que contempla la participación de inversión privada en el sector, a pesar de ello, los objetivos de este gobierno son fortalecer tanto a Petróleos Mexicanos (Pemex) como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sin embargo, no hay visos de una contrarreforma, aunque en la práctica ya hay varios frenos. El primero llegó en los primeros días de la nueva administración, cuando la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) anunció la cancelación de las rondas petroleras, argumentando bajos resultados de las empresas que habían ganado contratos anteriormente.
Después, en enero de 2019, se cancelaron dos megaproyectos: dos líneas de transmisión que conectarían al Istmo de Tehuantepec con el centro y a la península de Baja California con el resto del país. Todo ello representaba una inversión de casi 3 mil millones de dólares.
Un freno más a la inversión, llegó en febrero del mismo año cuando se canceló la cuarta subasta eléctrica, mecanismo con el que empresas privadas podían vender electricidad a la CFE, a través de adjudicación de contratos.
Para junio, se cancelaron los farm outs o asociaciones estratégicas con las que Pemex podría colaborar; sin embargo, uno de los más fuertes desencuentros llegó cuando el director de CFE, Manuel Bartlet, anunció que se iniciaría un proceso de arbitraje internacional por los contratos adjudicados para la construcción de seis gasoductos.
Con este anuncio, llegaron también las descalificaciones y al final una renegociación con las empresas involucradas: Enova, TC Energía –antes TransCanada–, Fermaca y Grupo Carso.
Uno caso más, fue cuando Pemex anunció la cancelación de cuatro contratos para la prestación de diversos servicios a compañías asociadas con Litoral Laboratorios Industriales, de Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente.
Las compañías que fueron afectadas son Marinsa de México, Química Apollo, Maren Marine Energy, Movilab, Mensuranda, Laboratorio ABC Química, Investigación y Análisis y Gamatek; sin embargo estas empresas participaron conforme a lo que establece la ley y ganaron esos contratos. Incluso, ninguna norma prohíbe expresamente que familiares del presidente no puedan participar en licitaciones.
Encontronazos llegan al sector eléctrico
Los cambios en el sector energético, no solo afectaron al sector petrolero, sino también al eléctrico, cuando se publicaron dos acuerdos. Uno de ellos para modificar los lineamientos para la emisión de Certificados de Energías Limpias; el otro para detener la participación privada en la generación de electricidad a través de fuentes renovables.
En este último, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó el 29 de abril de este año, un acuerdo en el que argumentó que para garantizar la eficiencia del sistema eléctrico ante la emergencia sanitaria, se frenaba la operación y pruebas de plantas privadas de energía renovable.
Además, en un acto que varios empresarios llamaron “electrolinazo”, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó en junio un aumento de hasta 775 por ciento en las tarifas de porteo que deben pagar las centrales eléctricas, incluyendo renovables, a la CFE.
Con ello, y ante una clara violación a la ley por parte del propio gobierno, se interpusieron amparos; los fallos han sido a favor de las empresas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió el acuerdo hasta resolver las constroversias constitucionales que impulsaron gobiernos estatales.
En toda esta cascada de instrumentos jurídios, los argumentos son sencillos: hay una violación al derecho a un medio ambiente sano y a la competencia, ambos marcados en la Constitución. No hay otra opción que respetar la ley vigente, porque no solo se trata de acatar el Estado de Derecho sino ofrecer incertidumbre jurídica a empresas e inversores.
DAMG