Una vez más, grupos feministas vandalizaron la sede del Congreso del estado, en esta ocasión en exigencia a legisladores para sacar de la congeladora la discusión de la iniciativa para legalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas.

Los destrozos fueron evidentes en la fachada del inmueble donde se pintaron distintas consignas además de la quema de la puerta al acceso principal.

Al interior también se registraron daños por las piedras y los gases arrojados de forma que personal del poder legislativo resultó intoxicado y con lesiones menores.

En los alrededores, también fueron vandalizados los vehículos estacionados en la vía pública, los dos propiedad de mujeres que laboran en al interior del inmueble. Uno de ello es el de la doctora del ISSSTEP que atiende el consultorio al interior del inmueble legislativo. El otro de una chica llamada Paola, quien era la encargada de proporcionar alimentos a las féminas que por varios meses mantuvieron tomado el Congreso.

Al respecto, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Nora Merino Escamilla, señaló que por el momento no se descarta presentar denuncias por estos hechos.

“Tuvimos crisis de nervios de mujeres al interior del Congreso que tuvieron miedo de la manifestación de otras mujeres”.

Merino Escamilla, dijo que no se puede permitir que haya señales de que en Puebla se va a permitir esta violencia.

“Reprobemos cualquier acto de violencia. Los primeros contingentes llegaron muy organizados abanderando las causas de las mujeres. El siguiente contingente fue muy violento. Se puso en riesgo la integridad de las personas que pasaban por la calle y la de quienes estaban al interior del Congreso”.

Señaló que, estas muestras de violencia son resultado de la falta de cooperación del ayuntamiento de Puebla que no dispuso de elementos de seguridad pública y mencionó que hay pruebas sobre la presunta incitación por parte de la comuna para la ejecución de estos hechos de violencia.

Lamentó que, hasta ahora, no haya reacción por parte de la alcaldesa ante el riego en el que estuvieron los trabajadores del Congreso y las activistas que se manifestaron de forma pacífica así como su falta de cooperación y la constante búsqueda de confrontación por parte de la comuna.

“La presidenta municipal no ha sido un vínculo de comunicación Sino un puente de confrontación. Tuvimos comunicación constante con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y nos informaron del acompañamiento que se hizo”.