El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), identificó más de 4 mil millones de pesos gastados por el Gobierno federal en compras para atender la emergencia de Covid-19, que no tienen ningún documento publicado, de ellos, 3 mil millones corresponde a compras de la Secretaría de Salud.
De acuerdo con su el estudio, Un año de compras de emergencia en México, se desprende que “la política de compras de emergencia del Gobierno federal en el marco de la pandemia de Covid-19, siguió una lógica de reacción y no de prevención”, toda vez que durante los meses de enero y febrero (cuando ya se sabía que existía el nuevo Coronavirus) no se hicieron compras de insumos necesarios para la atención de la pandemia, reveló un estudio del El IMCO.
Se consideró que existe opacidad y falta de información en el gasto del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) -principal proveedor de insumos y medicamentos médicos del sector Salud-, toda vez que se identificaron solamente 10 contratos para atender el Covid-19, “lo que representa el 1% del monto total gastado por esta dependencia en 2020”.
De acuerdo con los investigadores Pablo Montes y Fernanda Avendaño, del área de corrupción del IMCO, casi 1 de cada 2 compras (45%) para atender el Covid-19 fueron publicadas de manera tardía, entre uno y 327 días después de la fecha de inicio del contrato.
Además se detectaron posibles casos de sobreprecio, toda vez que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pagó 2.3 veces más por el mismo medicamento (paracetamol) en contratos con un mes de diferencia, el primero por monto unitario de 50 pesos y el segundo de 115 pesos.
También se compraron insumos médicos a empresas “todólogas”. La Sedena compró medicamentos para atender la pandemia a una empresa dedicada a la venta de muebles.
“Las compras de emergencia en México muestran importantes deficiencias e irregularidades. En la medida que estas no sean identificadas y atendidas, las compras públicas y su propósito estarán comprometidos. Por ello, el IMCO reafirma la importancia de crear un protocolo de ejecución, seguimiento y control de compras de emergencia”.
De esa manera propone hacer una planeación de compras y capacidad de respuesta ante tiempos de emergencia, tener un identificador de compras de emergencia, publicar de manera oportuna y completa de los contratos, establecer contratos marco que permitan al gobierno coordinar las compras entre dependencias, establecer precios de referencia y elegir proveedores con capacidad de cumplimiento, además de tener un registro útil y confiable de proveedores de gobierno, así como capacitación, coordinación y experiencia entre las dependencias de gobierno para realizar compras públicas.
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CT