México presenta un grave problema de desaparición de personas a causa de la conjunción de la corrupción, la impunidad, la violencia, la inseguridad, que se agudiza con las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden el desarrollo social en el país, así como con la ausencia de coordinación interinstitucional eficaz entre las distintas autoridades del Estado mexicano encargadas de la búsqueda y localización de personas.
De acuerdo con las fiscalías de los estados, el número de denuncias de personas desaparecidas o no localizadas alcanza 85 mil seis reportes de personas desaparecidas de 2006 a la fecha, informó Sandra Rosas Castillo.
La candidata a diputada local por el Distrito 16 participó en “Diálogo por los Migrantes Desaparecidos” junto con el Padre-activista Alejandro Solalinde y María Luisa Núñez Barajas, representante de “La voz de los desaparecidos”. La búsqueda de personas desaparecidas se ha convertido en una prioridad pública, lo cual se ha visto reflejado en acciones concretas que representan avances en esta importante labor pública.
Dentro de ello podemos destacar la designación de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, el otorgamiento de recursos para su operación y la designación de recursos para el fortalecimiento de las Comisiones Locales, la elaboración de un diagnóstico nacional forense, el relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda, entre otras acciones.
La representante de la coalición formada por Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Partido del Trabajo (PT), especificó que en los últimos años diversas instituciones, organismos públicos y de la sociedad civil han documentado y denunciado las violaciones graves a los derechos humanos y delitos que se cometen contra las personas migrantes, principalmente las centroamericanas, que transitan por México hacia Estados Unidos de América. Desde el año 2006, la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) ha venido señalando el incremento de casos de desapariciones.
Al respecto el Comité contra la Desaparición Forzada ha recomendado que el Estado mexicano debería, en cooperación con los países de origen y destino y con la participación de las víctimas y de la sociedad civil, redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir e investigar las desapariciones de migrantes; perseguir penalmente a los responsables, y proteger adecuadamente a los denunciantes, peritos, testigos y defensores.
Como parte del Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en noviembre de 2018, se realizaron diversas recomendaciones al Estado mexicano, entre la que destaca, crear una base de datos de desaparecidos y migrantes desaparecidos en su territorio.
Finalmente reiteró su compromiso con el sistema universal y con el Consejo de Derechos Humanos, mediante acciones para el fortalecimiento del marco jurídico, institucional y de políticas públicas, para avanzar con los estándares internacionales que garanticen a toda persona el ejercicio pleno de sus derechos.