Desde que comenzó la indagatoria sobre el presunto delito de manejo de recursos de procedencia ilícita en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el equipo cercano al rector Alfonso Esparza Ortiz no había sido tocado ni con el pétalo de un citatorio.
Las personas detenidas que enfrentan diversos procesos habían formado parte de una estructura paralela, entre quienes están proveedores, contadores y fiscalistas ajenos a la nómina oficial de la Máxima Casa de Estudios.
Incluso, una de las principales señaladas, la llamada “Voz del Rector” en la Universidad de Puebla, María Isabel Martínez Hermoso, de quien además de existir la hipótesis que se encuentra fuera del estado, lejos del alcance de la Fiscalía General del Estado, también subyace la sospecha de que se encuentra en la recién inaugurada Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos; nunca formó parte de la estructura orgánica de la institución, según se establece en la tarjeta informativa de la respectiva carpeta de investigación que posee el autor de la columna.
Ese supuesto cambió con la detención de Verónica Beatriz Lewin Liceaga, cuyo poder legal le fue concedido por la oficina de la abogada general, Rosa Isela Ávalos Méndez, para que, como lo establece la propia legislación universitaria, fuera responsable de “asistir a las autoridades personales y a los funcionarios en materia de celebración de convenios, contratos y actos multilaterales”.
La imputación que enfrenta Lewin Liceaga hace suponer que sería vinculada a proceso, pero habrá que esperar la determinación del juez de control, como también se deberá guardar prudencia por la probable cárcel preventiva oficiosa.
Se trata de una funcionaria universitaria que mayor cercanía tiene con la titular de un área jurídica que trabaja directamente bajos las órdenes de Alfonso Esparza Ortiz.
Ávalos Méndez es, por demás, la responsable de dotar de personalidad jurídica a la firma de documentos como el que permitió la adquisición del equipo de fútbol Lobos BUAP, su ascenso a la primera división y que luego devino en un pleito legal con un empresario también de dudosa reputación.
La tarjeta informativa debidamente cotejada con acusadores e imputados no deja lugar a duda sobre su autenticidad, y en la que se puede leer un fragmento revelador: “Del mismo modo tengo conocimiento que el equipo de fútbol Lobos BUAP era utilizado para incorporar al sistema financiero el dinero en efectivo que se había obtenido a través de operaciones simuladas y que eran de los fondos de la BUAP”.
La lectura política es obligada: la abogada general, Rosa Isela Ávalos Méndez, y el tesorero Oscar Gilbón son dos de los perfiles que han comenzado a ser ponderados en la carrera sucesoria para octubre próximo, cuando el rector Esparza Ortiz termine los nueves años en los que se ha mantenido al frente de El Carolino. Ambos están señalados directamente en la indagatoria.
Más allá de la especulación por la sucesión en Rectoría, la única certeza existente es que la Fiscalía General está por llamar a la puerta de su titular.
Parabólica escribe Fernando Maldonado