Le llaman el “cártel de los abogados”, opera en diversas oficinas, instancias gubernamentales y diversos despachos. Todos sus integrantes son comandados por quien litiga en medios, redes sociales y plumas venidas a menos.
En las últimas horas se les ha visto alentando movilizaciones junto con Antorcha Campesina en el distrito número 20 de la capital, en donde compitió Soraya Córdova Morán, integrante de la dinastía que maneja la organización.
Es la candidata antorchista a quien el Partido Acción Nacional y sus aliados dejaron pasar como abanderada a la diputación, y por la que no han movido un dedo para salir en defensa del triunfo que se va de entre las manos.
El candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, José Antonio López Ruiz, iba arriba hace dos días por apenas 2 puntos, que contrasta con el cúmulo de incidentes registrados, provocados por el antorchismo.
Eso explica el activismo callejero de Gerardo Saravia, exmagistrado del Tribunal Electoral del Estado, y de Ernesto Ramírez, ambos tan reactivos a la prensa que nos les acomoda
Una imagen en poder del autor de la columna da cuenta del abogado Saravia en el sitio de la revuelta provocada por sus clientes el miércoles de esta semana, los antorchistas, para impedir el desahogo del recuento de votos.
Es el mismo patrón de conducta de quien ha creado la red de abogados incrustados por todos lados. Generar caos para obtener beneficios legales… y pecuniarios.
“En el consejo distrital 20 local, no se advierte algún funcionario del @Puebla_IEE que se haga cargo de la cadena de custodia para el traslado de los paquetes al Consejo General para los recuentos que no se quieren hacer aquí”, escribió Saravia.
Ramírez, cómplice evidente en la trama legal y mediática, entró al quite también a través de Twitter: “para que se entienda, la cadena de custodia es un procedimiento riguroso que garantiza preservar la autenticidad de la información”.
Al menos Saravia, tan celoso guardián de la cadena de custodia de la paquetería electoral de hoy, fue de los funcionarios en órganos jurisdiccionales que ayer se opusieron al recuento supletorio de la elección para gobernador en 2018, en el que habían competido Martha Erika Alonso y Miguel Barbosa.
La trama es evidente: lo que ambos personajes buscan es reventar el proceso que valide a un ganador en el proceso del domingo, en el que la gente votó por una oferta política.
La anulación de la jornada en el distrito 20 se ha convertido en el principal propósito del cártel de los abogados. El número de votos ha pasado a un lejano segundo plano, lo que olímpicamente significa ignorar la voluntad de la gente expresada en la urna el domingo 6.
Nada importa para los litigantes involucrados, porque como en otras historias análogas, juegan otros factores. Cada quien posee la fama pública que merece.
Forman parte de la defensa legal de la candidata del PRI-PAN-PRD, integrante de una familia que posee el usufructo vitalicio de la agrupación que nació con la idea de defender al pobre del estado opresor, hoy convertido en dogma.
@FerMaldonadoMX
Parabólica escribe Fernando Maldonado