En un periodo que va de 2014 a 2017, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) fue lavado un monto superior a los mil 420 millones de pesos, establece una indagatoria en la Fiscalía General del Estado.

Los montos fueron transferidos a empresas de diversos giros, la mayoría de ellas en proceso de extinción y domicilios inexistentes, a nombre del principal imputado, de quien su nombre se mantiene en reserva.

La triangulación de dinero de una de las universidades más importantes del país y América Latina involucra directamente al rector Alfonso Esparza Ortiz, a su hermano, Francisco Esparza Ortiz; al tesorero general, Oscar Gilbón Rosete; a la hija del Rector, Andrea Esparza; y a María Isabel Martínez Hermoso, a quien en los documentos se le menciona como “la voz del Rector”.

El imputado revela un complejo proceso de ingeniería contable y fiscal que permitió a las máximas autoridades de la BUAP el manejo discrecional de dinero público a través de al menos cuatro empresas que aún y cuando habían reportado ingresos magros, dejaron rastro: los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), establecidos como facturas en el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

“Todo esto lo sé porque en 2014 le lavé $86’352.065.00 (86 millones 352 mil 65 pesos); en el 2015 le lavé $101’797.31 (101 millones 797 mil 31 pesos); en 2016 $150’799.808.00 (150 millones 799 mil 808 pesos); en 2017 $201’091.361.00 (201 millones 91 mil 361 pesos), año en el cual el equipo Club Lobos BUAP ya se encontraba jugando en primera división; y en 2018 le lavé $134’822.008.00 (134 millones 822 mil 8 pesos)”, dice el contador público, a quien se le mantiene en el área “W” del penal de San Miguel, la cárcel de la capital poblana.

En la carpeta de investigación 001/2019/UIEDORPI se detalla de manera más precisa el complejo proceso de triangulación de dinero proveniente de las arcas universitarias.

En la empresa Alarraqui SA de CV se establece que fueron desviados 665 millones 397 mil 572 pesos; un año después, en 2017 a través de Arrendadora ROES SA de CV, fueron 396 millones 921 mil 584 pesos; en ese mismo año, el Instituto Panamericano de Capacitación Empresarial Sociedad Civil el monto ascendió a 252 millones 231 mil 336 pesos.

La danza de las cifras sigue a lo largo del primer periodo como rector de Esparza Ortiz, que termina a principios de octubre próximo tras dos periodos de cuatro años consecutivos y uno de interino, que comenzó en 2013.

Estrategas Inmobiliarios del Centro SA de CV, que declaró ingresos en 2015 por 399 pesos, en 2016 por 798 mil y en 2017, por 1 millón 186 mil 59 pesos, expidió recibos (CFDI’s) por 13 millones 128 mil 524.

Esta firma reportó tener un capital social en 2017 ante el SAT por 21 millones 342 mil 653 pesos “incremento que no respalda los folios electrónicos mercantiles y que tampoco consta en instrumento público”, se asienta en la indagatoria

Las visitas que el personal de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita revelan que las diversas empresas involucradas en la trama operan en direcciones fiscales inexistentes, sin personal ni estructura alguna, y hay al menos un par de nombres involucrados más.

En octubre de 2020, el columnista ya había documentado la detención a cargo de elementos de la FGE de un conjunto de personajes, aprehendido por presuntos delitos de “asociación delictuosa, peculado, y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, en agravio del patrimonio de la BUAP.

No sólo aparecían entre los señalados el rector universitario y el tesorero general, sino también Silvia Fernández Solís, María Isabel Martínez Hermoso, María de los Ángeles Marreros y Ramón Torres Vázquez.

De Martínez Hermoso, una influyente mujer en el edificio de Rectoría, sin cargo oficial, pues cobra bajo el régimen de sueldos y salarios, al tiempo de aparecer en la nómina de la empresa Human Answers SA de CV, responsable del outsorcing a nombre de Jean Paul Bojalil Matuk, eslabón clave.

 

@FerMaldonadoMX

Parabólica escribe Fernando Maldonado