En comisiones, diputados locales aprobaron que el “fraude familiar” se tipifique como delito con penas privativas de la libertad de hasta cinco años.
La diputada priísta, Rocío García Olmedo, señaló que el delito está relacionado con prácticas de los cónyuges cuando oculten sus recursos o transfieran su patrimonio, para evadir la responsabilidad de manutención.
Las sanciones contemplan de uno a cinco años de prisión, además de una multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Mencionó que se trata de una reforma al Código Penal en la que se incorpora el artículo 407 Bis para garantizar la cobertura de las necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación, salud y recreación de los hijos menores de edad.
Asimismo, se busca evitar prácticas en las que el cónyuge pasa a nombre de otro familiar sus propiedades o solicitan en los trabajos reportar una cantidad menor de ingresos económicos.
García Olmedo señaló que una de cada tres familias en el país es monoparental, y que el 67 por ciento de las madres solteras no recibe pensión para sus hijos.