El exrector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez Bautista, se convirtió en las últimas horas en una leyenda negra parecido al de la Llorona, de la que todos los mexicanos hablan pero nadie la ha podido ver en realidad.
Tan inasible es el exintegrante del gabinete de Vicente Fox Quesada, entre el año 2000-2006, que ni un lazo o guiño ha recibido del propio expresidente de México, que había jurado sacar del sistema a las víboras prietas y tepocatas de la corrupción cuando llegó al poder tras vencer al candidato del PRI, Roberto Madrazo Pintado, hace 21 años.
Más aún: un compañero de gabinete como Santiago Creel Miranda, que estuvo incluso en Puebla el pasado viernes 16 de julio para participar en la reunión regional de diputados electos del Partido Acción Nacional y entrevistarse con el edil electo de la capital, Eduardo Rivera Pérez, también obvió hacer algún tipo de comentario, pronunciamiento o posicionamiento sobre la crítica situación jurídica que enfrenta quien fue secretario de Economía y de Relaciones Exteriores en el gabinete de Vicente Fox.
La trama jurídica que derivó en la destitución de los integrantes del antiguo Patronato y del rector de la UDLAP apunta a una cadena de ilícitos fiscales, contables y penales, definió este domingo Guillermo Barradas, un asesor legal con 19 años en el ámbito del derecho.
“Cuando no suena lógico, suena metálico”, respondió a la pregunta sobre la suspensión provisional que extendió un secretario de acuerdos que supuestamente permitiría la reinstalación del exrector en la UDLAP.
El mismo viernes por la tarde, el autor de la columna tuvo acceso a la sentencia de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, a cargo del Magistrado Rubén Huerta Yedra, en el expediente 327/2021-JCA-04-11, en el que se admite a trámite la demanda de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada.
En apariencia de la existencia del “buen derecho, mismo que apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte a una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable”, se impugnó el “acuerdo número dos del Acta de la Sesión de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada del Estado de Puebla (…) mediante la cual se concedió autorización a la Fundación Mary Street Jenkins del 30 de noviembre de 2013, cuando Rafael Moreno Valle era el gobernador, para reformar los estatutos de la propia fundación y que abrió las puertas al proceso de desfalco”.
Aunque nadie ha podido ver en persona al exrector universitario, acusado de delitos que ameritan pena corporal, el equipo asesor de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada, que impugnó ante el Tribunal de Justicia Administrativa el proceso de desfalco en la era morenovallista, supone que sí ha tenido comunicación con la parentela del creador de la Fundación Mary Street Jenkins, escondida en el bucólico Valle de Napa en Estados Unidos, poseedora aún de una fortuna calculada en 4 mil 500 millones de pesos.