El desempolvamiento del expediente de la fiebre de la clase política mexicana por espiarnos a todos en el periodo que va de 2010 a 2018 permite poner luces sobre un periodo de oprobio del que otros colegas han escrito en las últimas horas.

Y sin embargo, la pregunta es siempre la misma: ¿quién heredó, adquirió, compró o robó los equipos informáticos que permitieron el despliegue de un complejo esquema de espionaje político desde Puebla?

Siempre salta el nombre de Eukid Castañón Herrera, el exoperador estrella de Rafael Moreno Valle, quien falleció junto con su esposa Martha Erika Alonso en diciembre de 2018.

Datos fidedignos permiten ubicar al inquilino del penal de Tepexi de Rodríguez -acusado hoy de delitos de lavado de dinero, falsedad de declaraciones, enriquecimiento y extorsión-, hasta antes de su aprehensión en marzo de 2020, en un centro de operaciones denominado “Área 51”, en Chetumal, Quintana Roo.

La razón de instalarse en aquél rincón del país obedece a las relaciones políticas que el exvicecoordinador de la bancada del PAN en San Lázaro e imputado de esos delitos estableció con el gobierno de aquella entidad.

Otra parte del equipo de espionaje fue asignado a un cercanísimo del exgobernador Antonio Gali Fayad, paradójicamente, también víctima junto con su familia, de escuchas ilegales.

En el breve mandato de Gali Fayad, Rafael Ruiz Cordero tuvo bajo su influencia a los operadores de los nidos a través de Roberto Rodríguez Acosta, un personaje que llegó a declarar al Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de la República tras la denuncia de espionaje interpuesta en agosto de 2017.

El gusano informático al que se refiere la investigación periodística divulgada por The Guardian, de la empresa israelí NSO, así como el Galileo de la empresa italiana Hacking Team, del que otros periodistas dedicamos horas de investigación, sólo están accesibles para quien tiene capacidad tecnológica y montones de dinero para adquirirlos, mantenerlos y pagar la vigencia de las licencias que, por lo regular, requieren ser actualizadas cada periodo anual.

Sólo se advierten dos figuras con la capacidad financiera para adquirir y mantener a Pegasus o Galileo: los gobiernos legalmente constituidos y la delincuencia organizada.

Una muestra de ello es el que establece un correo electrónico entre un ejecutivo de la firma de servicio de espionaje italiana, Alex Velasco, y Niv Yarimi: a.velasco@hackingteam.com y niv@symservicios.com el 17 de septiembre de 2014 en donde acuerdan productos, servicios y costos de mantenimiento.

“Querido Alex: cambie lo siguiente a la orden de Puebla como se muestra a continuación.

Sistema de mando a distancia Galileo. Inyector de red táctico: 45,000.00 (dólares).

Servicio de mantenimiento de 1 año: 40,000.00 (dólares)”.

La cola de los correos electrónicos deja un enorme rastro de la forma en la que se adquirieron equipos hasta los 415,000.00 dólares que al tipo de cambio de este martes, alcanzaría unos 8 millones de pesos.

Otra comunicación del 30 de enero de 2014, a la 1:57, no deja duda: los poblanos fueron buenos clientes al grado de actualizar dos licencias, aún y cuando no habían sido pagadas.

“Podemos enviarte las 2 licencias que necesitan con urgencia mientras esperamos que llegue el pago”, escribe en un correo Alex Velasco, de HackingTeam, del que tienen conocimiento Niv Yarimi y Marco Bettini.

Un año antes se felicitaban por otra venta desde México: “¡felicidades a todos! ¡genia! ¡Una venta más desde México!”, festinaron los ejecutivos el 15 de abril de 2013.

Las pistas y evidencias sobre el proceso de espionaje al que fueron sometidos miles de opositores, activistas, periodistas y hasta adictos al grupo que comandaron Moreno Valle y Castañón Herrera están a la vista. Nadie ha pagado por ello, salvo el segundo que enfrenta cuatro procesos, menos por el de intervención de comunicaciones, apología del delito o espionaje, claramente prohibidos en las leyes mexicanas.

 

@FerMaldonadoMX

parabolica.mx por Fernando Maldonado