La larga batalla que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación mantienen con el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene un trasfondo en el que poco se ha hurgado, pero no por ello no ha dejado de ser vigente: el cuantioso dinero que genera la industria electoral, desde que el modelo de mapachería en tiempos de comicios dejó de ser efectivo.

La tarea de asesoramiento político, electoral, fiscal y técnico fue el nuevo modelo que permitió que la ruda técnica de acarreo, relleno de urnas y operación carrusel el día de las elecciones fueran desechadas. Más tecnicismos contra la rudeza en la lucha electoral.

Por ello, una pieza clave para entender la trama en el conflicto de interés y la corrupción es el consejero del INE, Ciro Murayama, e involucra al propio presidente, Lorenzo Córdova Vianello, que sin embargo es difícil documentar por la complejidad en la trama.

En Puebla se supo de esa práctica, pero como sucedía todo el tiempo en la era en que el PAN era gobierno, no sólo no lo condenaron, sino que se sirvieron de ese método tramposo para integrar lo que ahora se conoce como Órgano Público Local Electoral, con la compra de cursos para presentar exámenes de oposición para ser consejeros electorales, a la módica cantidad de 100 mil pesos por participante, impartido por el propio Murayama y su equipo, responsable al mismo tiempo del diseño del examen de oposición. Es como el ejemplo del maestro que anuncia en el aula la aplicación del examen semestral para luego vender las respuestas. Negocio redondo.

El gobierno del fallecido Rafael Moreno Valle invirtió para el futuro y financió el costo de quienes tomaron ese curso de preparación en sus respectivas aspiraciones para integrar el Instituto Electoral, tan cuestionado por el desempeño en la polarizante elección de 2018.

Casos emblemáticos de esos acuerdos fueron las designaciones de los expresidente del órgano electoral, Jacinto Herrera Serrallonga y Dalhel Lara Gómez, exsecretaria Ejecutiva.

Un caso particular que evidencia que el modelo sigue vigente es el de la aspirante a integrar el Consejo General del OPLE, cuyo plazo final está previsto para noviembre próximo, Edith Aranzazú Abad Bazán, personera del inquilino de Tepexi de Rodríguez, acusado de al menos cuatro delitos graves.

Aunque la aspirante a ocupar uno de los asientos que quedarán vacantes ha querido esconder su pasado, una ficha curricular publicada en LinkedIn la coloca como secretaria particular del reo de Tepexi, entre junio de 2014 a agosto de 2015.

Abad Bazán fue considerada como una eficiente operadora en la Contraloría, lugar al que llegó de la mano de Eukid C., y que posteriormente partiría a una diputación federal por el PAN, en donde alcanzó el rango de vicecoordinador del grupo parlamentario del albiazul.

Apenas el fin de semana previo, los participantes presentaron el ensayo como parte del proceso de selección que será calificado en la parte final por el Senado de la República, en donde ya se debate la pertinencia de mantener a este y otros órganos corroídos por prácticas indecibles.

 

parabolica.mx escribe Fernando Maldonado

@FerMaldonadoMX