A Jorge Aguilar Chedraui no se le han dado las cosas en la política partidaria. Sobre todo en los últimos meses, primero en la competencia por la nominación para la candidatura a la presidencia municipal, y luego por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, a través de Genoveva Huerta Villegas, refugiada en la diputación federal.
En las dos cosas carreras ha llevado amplia ventaja su correligionario y adversario, Eduardo Rivera Pérez, como candidato y como factor para la renovación del liderazgo partidista, en donde Augusta Valentina Díaz de Rivera y Marcos Castro asumirán la dirigencia.
Quizá por ello busca quién se la pague, no quién se la hizo. Es el caso de la queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra de Miguel Barbosa. Alegó vulnerados sus derechos e integridad, pero deberá sentarse a esperar. Ahí también perdió, pues el mandatario expuso razonamiento jurídico para dejar pasar la recomendación 75/2021.
Paga caro el exsecretario de Salud, entre febrero de 2011 y abril de 2013, la postura arrogante asumida en la mesa de negociación entre liderazgos panistas cuando se trataba de construir una candidatura única que terminó por fracasar.
“Estoy mal”, le respondió iracundo por teléfono a su adversario en aquella interna, cuando el ahora edil de la capital retornaba del CEN del PAN con la candidatura en la bolsa para luego ganar en la contienda de junio de este año.
La tensa relación, se quebró. Lo que vino después de esa ruptura ya se sabe: Rivera Pérez se hizo presidente municipal, aún a costa de lo boicot de Aguilar Chedraui y Pablo Rodríguez, dos exsecretarios morenovallistas radicalizados.
El otro encontronazo sucedió en la interna panista. Un frustrado Aguilar Chedraui puso al alcance de la perdedora competidora estructura, dinero y logística sólo para volver a morder el polvo, pues la campaña en la que puso su resto fue deficiente por la poca confianza entre la militancia.
En el cenit de la contienda, ya cuando la debacle estaba a la vista, se subió públicamente a la contienda y con ello se ubicó a tiro.
No fue precisamente lo expresado por Barbosa o por el auditor Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, sino la percepción general por el pasado de oprobio por un gobierno al que él perteneció: cleptocrático, frívolo y dedicado al culto a la personalidad, la de Rafael Moreno Valle, el exgobernador y jefe del clan.
El 18 de marzo de 2015, relató el periodista Álvaro Ramírez en el contexto de la Sexta Asamblea de Congresos locales, celebrada en Zacatecas, “con el fresco de que se deja sentir con la primavera en Zacatecas, aterrizó en el aeropuerto General Leobardo C. Ruiz, de la capital del estado, provenientes de Puebla” el jet privado del legislador panista.
De él descendieron los diputados locales Maiella Gómez, Patricia Leal y Marco Antonio Rodríguez, del Panal, PAN y PSI, respectivamente, además del perredista Carlos Martínez Amador.
Más que mito urbano, ahí están cuatro testimonios de la existencia de un aeroplano que no pudo haber sido adquirido con el salario de un servidor público, o la dieta de un diputado local.
@FerMaldonadoMX
Parabolica.mx escribe Fernando Maldonado