Un total de 36 ex servidores y exfuncionarios enfrentarán Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades, por irregularidades detectadas a su paso por la función pública. Entre ellos destaca el exalcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, quien desapareció de la esfera pública, incluso antes de que concluyera su labor como diputado en la pasada legislatura.

La presidenta de la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, puntualizó que se trata de 29 ex presidentes municipales y siete directores de organismos desconcentrados.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) remitió los informes de resultados de la fiscalización realizada a sus cuentas públicas.

Los 36 cuentan con un periodo para solventar las observaciones que les fueron hechas y de no ser así, entonces serán acreedores a sanciones que pueden ser tanto de tipo administrativo como penal.

Espinosa Torres tiene observaciones por un presunto daño patrimonial de 18 millones 749 mil pesos, tras su paso por la alcaldía.

En julio pasado, siendo legislador local, Espinosa Torres, solicitó licencia, la segunda en ese momento, para evitar regresar a las sesiones presenciales del Congreso de Puebla y permanecer fuera del país ante el inicio de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Lo anterior, luego que el exedil fue señalado por enriquecimiento ilícito, evasión fiscal, conflicto de intereses y operación con recursos de procedencia ilícita.

Por otro lado, a principios de septiembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó  una plaza comercial que presuntamente es propiedad de la familia del exlegislador.

El ex edil de Atzitzintla, José Isaías Velázquez,  también se encuentra entre quienes podrían enfrentar este inicio de procedimiento, y quien fue asegurado como probable integrante de la banda delincuencial denominada “Los Bucanas”.

El expresidente de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, es otro incluido en dicho listado. Él tiene observaciones en su cuenta pública por 488 mil 65 pesos. Asimismo, fue detenido en julio de 2017 por el presunto delito de robo de combustible.

Morales Ugalde es militante del Partido Pacto Social de Integración (PSI) y fue considerado uno de los aliados electorales del exgobernador poblano, Rafael Moreno Valle. Fue señalado además por ser el propietario de al menos tres estaciones de gasolina en el llamado “triángulo rojo”.

También se manejan los nombres de Valentín Medel, Ernestina Fernández Méndez y Rafael Núñez Ramírez. En total son 297 expedientes los que se revisaron.