Serán los presidentes municipales los que decidan si llevarán a cabo o no el cobro por Derecho de Alumbrado Público (DAP) y a su vez notificarlo al Congreso.
Así lo dijo el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, al demandar serenidad en la discusión de este tema en el poder legislativo.
Subrayó que el derecho al alumbrado público es un servicio público al que está obligado el municipio, conforme al Artículo 115 de la Constitución Política de Puebla.
Mencionó que el municipio paga a la comisión, que es la que presta el servicio de diferentes maneras, entre ellos, con sus recursos propios, a través de convenios, para recaudar el derecho del alumbrado público.
Asimismo, aclaró que el cobro se ha hecho de manera ilegal, porque establece un porcentaje del 6 por ciento del costo de la corriente eléctrico de cada vivienda, le adicionan el 6 por ciento y es el derecho alumbrado, y es lo que obtiene la CFE a esa recaudación que lo abona al costo del alumbrado público que está obligado a pagar los Ayuntamientos.
Mencionó que este sábado se reunirá con presidentes municipales para profundizar sobre el tema y para dejarles en claro cuál será el papel que ellos jueguen al respecto.