Representantes del sector automotor advirtieron afectaciones económicas en la industria mexicana ante la entrada en vigor del decreto en el que se establecen los requisitos para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, mejor conocidos como “autos chocolate”.
Aún sin especificar cifras estimadas de los impactos económicos, los representantes del sector automotor en México señalaron que dicha regulación “de lo ilegal” causaría daños en la comercialización de vehículos, la generación de empleos en el país y la atracción de inversión.
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Aunado a lo anterior, también estiman afectaciones al medio ambiente y, consecuentemente, a la salud de los mexicanos, ya que el decreto no establece una antigüedad máxima en los vehículos que se desean importar, convirtiendo a México, en el “patio trasero de chatarra de Estados Unidos”.
En conferencia de prensa conjunta, Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) apuntó que la publicación del decreto no está justificado, pues ya existía una normatividad para aquellos consumidores con legítimo interés de adquirir un vehículo usado, pero cumpliendo con el respectivo ordenamiento.
Como parte de las normas publicadas el pasado miércoles por el gobierno federal, indicó que no se estableció ningún procedimiento para verificar el historial vehicular en Estados Unidos, o si cumple con las condiciones físico mecánicas y de protección al medio ambiente, concediendo la oportunidad de que dicha revisión se base únicamente en la manifestación bajo protesta de decir la verdad por parte del propietario de vehículo, lo cual, consideró, requiere mayor control.
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También refirió que, al decretar las disposiciones de regularización de los “autos chocolate” existe el riesgo de que ingresen más vehículos de los 2 millones que se tienen establecidos, ocasionando una presión adicional en el mercado nacional de vehículos ligeros que pudiese expandirse al resto de la República y no sólo en las entidades incluidas en el decreto.
Y es que, explicó que, una vez que los vehículos regularizados se incorporen al parque vehicular de México, no se estipula ninguna restricción para que puedan ser comercializados, causando estragos en las ventas locales.
En su participación, José Guillermo Zozaya Délano, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) externó que dicha disposición afecta el respeto al estado de derecho, elemento clave para la atracción de la inversión y el crecimiento de las plantas productivas del sector automotriz en México.
LEG