Puebla es un estado en paz, con gobernabilidad, donde se privilegia el diálogo y se respetan los derechos humanos, afirmó la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral.

En su comparecencia como parte de la glosa del Tercer Informe del gobernador, Miguel Barbosa, la funcionaria resaltó que la gobernabilidad en la entidad quedó de manifiesto en la pasada elección, en la que el Ejecutivo Estatal se mantuvo ajeno al proceso.

Mencionó que Puebla se caracterizó en el último año por el trabajo para combatir el robo de combustible, aunque es responsabilidad del gobierno federal la vigilancia de los ductos.

“Se trabaja y se forma parte del grupo operativo que vigila los ductos permanentemente. Nos toca o nos corresponde evaluar el riesgo a la población. Se trabaja de manera decidida por instrucciones del gobernador”.

Agregó que en esta administración el diálogo ha sido fundamental para liberar cinco presidencias municipales y tres auxiliares, al tiempo de resolver conflictos sociales.

Abordó la atención a fenómenos meteorológicos y los daños ocasionados. Destacó que con recursos propios se atendieron las necesidades inmediatas de la población. “Puebla está preparada y realiza trabajo diario para atender desastres naturales”.

Añadió que disminuyó hasta un 34 por ciento la incidencia de casos de justicia por propia mano con relación al 2020. Dijo que fueron activados protocolos de actuación que, en coordinación con autoridades municipales, permitieron la intervención en 97 intentos de linchamiento, rescatando a 124 personas.

La secretaria de Gobernación resaltó la atención a la contingencia sanitaria en la entidad y la repatriación de 209 urnas con los restos de los paisanos que perdieron la vida fuera del país por la pandemia.

En su intervención, el diputado panista, Oswaldo Jiménez López, cuestionó el diálogo con el sector privado de Puebla.

Además, cuestionó el nombramiento del nuevo patronato de la UDLAP y la existencia de una estrategia para apoyar a la comunidad universitaria.

Hill Mayoral aclaró que en el caso de la UDLAP es competencia directa de una autoridad judicial, además de que hay diálogo con integrantes de la comunidad universitaria.