Para entender realmente el caso judicial en que está involucrada la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) hay que tener tres datos duros e incontrovertibles y, con verdadera honestidad intelectual, no pasarlos por alto en su valoración:
1.- Se trata de un litigio entre particulares de una misma familia, Jenkins de Landa, quienes son descendientes del filántropo William Oscar Jenkins Biddle, quien murió en Puebla el 4 de junio de 1963.
Pelean Elodia de Landa, María Elodia, Roberto y Margarita Jenkins, contra su hijo y hermano mayor Guillermo Jenkins de Landa. El último acusa a los primeros, quienes viven en California, Estados Unidos, y presuntamente tienen órdenes de aprehensión en nuestro país de saquear la fundación.
2.- El pleito judicial tiene más de 10 años, con la intención de una de las partes, los expatronos de la Fundación Mary Street Jenkins, entidad superior a la Fundación UDLAP, de apropiarse -se ha denunciado- de una fortuna valuada en 720 millones de dólares, que se generó a partir del capital social que William dejó a Puebla. Aquí es muy importante entender que el dinero no es del gobierno, tampoco de una persona en específico, sino PARA (la preposición es importantísima) Puebla y los poblanos.
Los descendientes fueron protegidos económicamente, pero precisamente William los dejó sin la posibilidad de meter mano en el capital social de la fundación, que lleva el nombre de su esposa.
3.- Éste está protegido también por las leyes mexicanas y poblanas, por supuesto, y el gobierno estatal es garante para que se cumplan, pero una parte de los descendientes, en colusión con personajes como el exrector de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez Bautista, quisieron disponer y trasladarlo a paraísos fiscales. Están acusados, por ello, de lavado de dinero y otros procesos y, también por ello, no están en México. Derbez ya ni siquiera está localizable, desapareció, mientras algunos ingenuos reclaman al gobierno “devuelvan la UDLAP”.
En este asunto, que tiene una década de litigios, han querido ahora involucrar al gobernador Miguel Barbosa y a la administración estatal.
Para ello, la revista “Proceso”, con mentiras absolutas, ningún rigor periodístico y reeditando argumentos de hace 10 años, que antes se le endilgaron al morenovallismo, lanzó un texto con dolo.
Para esto, han traído al caso al exsenador panista, Roberto Gil Zuarth, quien fue compañero del poblano en el Senado de la República.
Este lunes, Gil aclaró varias cosas, en el programa de Ciro Gómez Leyva, en Telefórmula, que dejó en evidencia el montaje mediático:
El abogado panista relató que el despacho que encabeza Virgilio Rincón Salas, quien ha sido señalado por “coludirse” con la familia Jenkins de Landa, le solicitó participar en la mediación del conflicto. Exhibió la grabación de esa conversación.
“No se pueden llevar los bienes de una fundación, que está determinada por ley, a un país extranjero, y mucho menos dejar de pagar los impuestos… el SAT determinó que se había hecho una simulación para sacar el dinero del estado de Puebla y del país a un paraíso fiscal”, afirmó.
En conclusión: los filibusteros ahora se disfrazan de víctimas.
Piso 17 escribe Álvaro Ramírez Velasco